El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real exculpa en una sentencia a los propietarios del edificio número 5 de la plaza de Cervantes del deterioro que sufrió y que motivó su demolición. De esta forma, falla a favor de los propietarios, que presentaron un recurso contra el Decreto de Alcaldía de fecha de 26 de noviembre de 2013, concretamente, contra el punto en el que  apuntaba al incumplimiento del deber de conservación del inmueble por parte de la propiedad.

En la mencionada resolución judicial, a la que ha tenido acceso La Tribuna, el juez declara la nulidad de dicho pronunciamiento del Ayuntamiento y atribuye a la Administración local y a la empresa Aquona como demandadas el pago de las costas del proceso judicial.

En la sentencia se señala que «es incierto que la propiedad del edificio incumpliera con su obligación  de conservación y mantenimiento» del inmueble y hace referencia a la documentación que aportaron los propietarios del inmueble y en la que «se acredita documentalmente, diversas actuaciones en el edificio tendentes a efectuar reparaciones, unas a requerimiento municipal y otras de motu proprio».

Asimismo, indica que «la Administración local incurrió en arbitrariedad y se excedió en el pronunciamiento contemplado en el punto segundo de su resolución al considerar que ha existido incumplimiento» del deber de conservación del inmueble por parte de la propiedad. En la sentencia también se indica que «todo apunta a una fuga o rotura en el colector principal de aguas residuales» como posible causa del deterioro que sufrió el edificio, y añade que «no en vano dicho colector fue objeto de actuación por parte de Aquona en el mismo mes de septiembre de 2013».

Esta tesis ha sido señalada por la propiedad del edificio, que promovió la realización de un informe topográfico que reveló que a una profundidad de «entre 3 y 4,70 metros había lodos orgánicos», un material sin capacidad para soportar demasiado peso, según detalló la propiedad y representación legal del inmueble en una rueda de prensa el 13 de febrero de 2014 en la que avanzaron que iban a exigir una indemnización al Ayuntamiento, el cual -comentaron- podría requerirla a su vez a la empresa concesionaria del servicio de agua.

De hecho, este fallo judicial abre la puerta a la reclamación patrimonial por importe de unos 700.000 euros que efectuó la propiedad y que se encuentra paralizada desde que a primeros de enero de 2015 recibieran un decreto del entonces concejal de Hacienda, Miguel Ángel Poveda, en  que se les informaba que se paralizaba esa reclamación patrimonial a expensas de que se pronunciaran los tribunales.

No obstante, contra el fallo cabe interponer un recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de quince días. En ese caso, el proceso seguirá por la vía de los tribunales.

La demolición del edificio número 5 de la plaza de Cervantes se realizó en febrero de 2014, después de que en septiembre de 2013, la propiedad hiciera pública su intención de solicitar la ruina del inmueble por el alto coste de reparación de los daños que sufrió. En concreto, el arreglo de las deficiencias suponía un desembolso de 363.951,19 euros, mientras que el estudio económico de valoración del propio edificio se cifraba en 411.677 euros.