El Ayuntamiento de Ciudad Real está estudiando la posibilidad de recurrir la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ciudad Real que declara nulo el punto del Decreto de Alcaldía de 2013 en el que el Ayuntamiento atribuyó los desperfectos del edificio de la plaza de Cervantes número 5, que finalmente fue demolido, al incumplimiento del deber de conservación por parte de los propietarios. Asimismo, el fallo impone el pago de las costas del proceso judicial a las demandadas, el Ayuntamiento y la empresa Aquona, concesionaria del servicio municipal de agua.

El portavoz del equipo de Gobierno municipal, Nicolás Clavero, explicó a La Tribuna que es una cuestión que están analizando los abogados y a la espera de la decisión final, «la intención era estudiar la posibilidad de recurrirla». En este mismo sentido también se pronunció el concejal de Urbanismo, Alberto Lillo, quien dijo suponer que se recurrirá el fallo porque «la idea de los asesores jurídicos era recurrir».

Contra la resolución del juzgado cabe la posibilidad de interponer un recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Se deberá hacer mediante la presentación de «un escrito razonado» para el que otorgaba un plazo de quince días.

reparaciones. La sentencia, que viene a dar la razón a los propietarios, indica que éstos aportaron documentación sobre diversas actuaciones realizadas en el edificio tendentes a «efectuar reparaciones», unas por requerimiento municipal y otras voluntariamente. De esta forma, señala que «es incierto que la propiedad del edificio incumpliera con su obligación de conservación y mantenimiento».

Asimismo, indica que «la Administración local incurrió en arbitrariedad y se excedió en el pronunciamiento contemplado en el punto segundo de su resolución» al considerar que los dueños del inmueble no incumplieron su deber de conservación.

La demolición del edificio se llevó a cabo entre febrero y marzo de 2014 después de que se decretara su ruina económica debido al elevado coste que suponía la reparación de los daños que sufría. La propiedad del edificio también impulsó una reclamación patrimonial por un montante de unos 700.000 euros que quedó paralizado a la espera de que se pronunciaran los tribunales.