El Gobierno de Castilla-La Mancha celebró ayer una reunión en la sede de la Consejería de Agricultura, con los representantes de Cooperativas Agroalimentarias y de varias organizaciones profesionales agrarias, (Asaja y UPA), con el fin de analizar las circunstancias derivadas del veto de Rusia a productos agrarios de la Unión Europea, así como las medidas llevadas a cabo por parte de la Comisión Europea y los estados miembros.
Los convocados agradecieron la oportunidad e idoneidad de la reunión, presidida por los directores generales de Infraestructuras y Desarrollo Rural, Miguel Cervantes, y de Agricultura y Ganadería, Tirso Yuste, siendo unánime el reconocimiento a las rápidas actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ante las instancias europeas; elogiando, por su trascendencia en esta región, la incorporación particular del champiñón como producción sensible afectada.
Gestión de crisis y promoción. En este sentido, analizaron el borrador del reglamento de la UE para las actuaciones en el mercado de melocotón y nectarina, así como el resto de productos hortofrutícolas que tendrán que ser incluidos, y para las que se adoptarán medidas similares, basadas en la intervención de mercados a través de los mecanismos de gestión de crisis, así como de promoción de su consumo, tanto a nivel interior como en terceros países.
Igualmente, abordaron de forma general la situación del sector agrario castellano-manchego y cómo está influyendo la decisión política tomada por el Gobierno ruso, constatando que los indicadores de los mercados castellano-manchegos no han reflejado, a día de hoy, ningún tipo de reacción desfavorable ostensible, evidenciándose un comportamiento normal.
Asimismo, quedó evidenciado por todos los asistentes que los principales problemas derivados de la decisión rusa sobre los sectores castellano-manchegos pueden derivarse de efectos indirectos en los mercados europeos, bien por modificaciones de los hábitos de consumo a nivel interior hacia los productos afectados por el veto y una opción de consumo alternativa pero coyuntural, o bien derivados de las posibles fluctuaciones de los precios, o por introducción de productos provenientes de otros países que hagan desplomarse a los mismos.
Sin duda, esto es lo que se debe evitar, y para ello la Consejería de Agricultura trasladará al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente los problemas que puedan ir apareciendo que serán rápidamente identificados, gracias a los mecanismos de monitorización y detección temprana que se acordaron, pues la colaboración de los representantes de las OPAS y Cooperativas Agroalimentarias fue inmediata, y se reflejará en una fluida comunicación semanal con la Consejería de Agricultura respecto al comportamiento de los mercados y de los precios.
Medidas conjuntas por parte de todos. Desde el Gobierno, así como reconocieron también las organizaciones agrarias y Cooperativas Agroalimentarias, se puso de manifiesto que este es un problema a nivel europeo, que afecta al mercado único conformado por todos los estados miembros, y que las decisiones deben ser tomadas en el seno de la Unión Europea en orden con las directrices marcadas por la Comisión.