El jueves, a media tarde, saltó por los aires el argumento que ha utilizado Pedro Sánchez desde que es presidente para justificar, o tratar de justificar, su ambigua e irritante política respecto a los independentistas catalanes. Desde noviembre de 2017, los secesionistas no se han saltado la ilegalidad y, por tanto, hay que mantener el diálogo con ellos porque el respeto a la ley demuestra que están decididos a plantearse el buen camino.

Después de varias horas de reunión en el despacho del presidente del Parlament, Roger Torrent, con Quim Torra, miembros de la dirección de Junts y ERC y la presencia de Puigdemont a través del teléfono y la videoconferencia, se anunció un acuerdo que, supuestamente, permitía seguir gobernando a Torra. Contaría con el voto de los cuatro parlamentarios de Junts que no pueden acudir al Parlamento por fuga o por cumplir condena de prisión provisional. 

El texto de las negociaciones que, en principio, se hará público la próxima semana, y del que solo se conoce un avance, garantiza el apoyo de ERC a Torra, éste se compromete a no convocar elecciones antes de julio de 2019, cuando se prevé que se conozca la sentencia del juez Llarena sobre los supuestos delitos cometidos el día que los independentistas declararon la república independiente de Cataluña.