El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) citó ayer a declarar como investigado el día 10 de mayo al consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, tras la denuncia de la Fiscalía Superior de esta región en relación con su participación como vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla en la adjudicación del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Hispalense (Centrius).

Fuentes judiciales informaron de que la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz citó a declarar como investigado al consejero, que goza de aforamiento, todo ello después de que el Ministerio Público le denunciara por presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público.

 La citación se produce después de que, el pasado día 12 de abril, el Alto Tribunal andaluz dictara un auto en el que acordaba incoar diligencias previas contra el político tras la denuncia de la Fiscalía Superior, que abrió una investigación a raíz de la denuncia que interpuso el Colegio de Arquitectos de Sevilla.

 El TSJA señaló en su auto que los informes de la Policía Judicial, así como la documentación recabada, «conducen a apreciar la posible existencia de irregularidades en los procesos de contratación por la Universidad de Sevilla del proyecto básico, el estudio preliminar de instalaciones, el proyecto de ejecución y la dirección de obra» del Centrius «que pudieran haber perseguido una elección no concurrencial de un determinado estudio de arquitectura en detrimento de otros.

Las consecuencias políticas de esta decisión judicial no se hicieron esperar y Ciudadanos, los socios de Gobierno del PSOEen la región, aseveraron que exigirán su cese si el juez imputa a Ramírez de Arellano un delito de corrupción política.

Hace unos días, cuando empezaron las pesquisas sobre la actuación del socialista, el portavoz de la formación naranja en la región, Juan Marín, ya indicó que su formación tenía el compromiso personal del vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, de que si Ramírez de Arellano resultaba investigado sería cesado de manera inmediata del cargo. Aún así, ayer también recalcaron que no quieren adelantarse a la justicia ni pretenden ser jueces.

Desde Madrid, el mensaje también fue muy claro y el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, afirmó que el pacto para investir presidenta a la socialista Susana Díaz «estará en peligro» si «se incumple» y se mantiene al consejero de Economía.

Puntos de vista. Por su parte, la presidenta de la Junta rechazó que vaya a «apartar» del Consejo de Gobierno al implicado. «Es un tema administrativo», subrayó Díaz, que agregó que es «una pelea de arquitectos con la Universidad de Sevilla por el tema de una biblioteca y eso se contesta por sí mismo», aseguró ante las preguntas de los periodistas durante una visita al Observatorio Astronómico Hispano-Alemán de Calar Alto, en Gérgal (Almería).

La líder socialista trasladó, en esta línea, que es «bueno» que cuanto antes «se aclaren estos temas administrativos» que, según insistió, «están relacionados con la universidad» y se mostró convencida de que la propia institución hispalense «también se sentirá satisfecha de que cuanto antes se pueda esclarecer el tema».