El abogado sale de la sala de vistas, habla con su cliente y ambos entran de nuevo. El Ministerio Público informa del acuerdo alcanzado y el magistrado le pregunta: «¿Usted ha entendido el delito que se le imputa? ¿Le ha informado su abogado del acuerdo? ¿Admite los hechos, acepta la pena y el pago de la multa y responsabilidad civil?». Este ceremonial se repite cada vez con más frecuencia en los órganos judiciales de Ciudad Real.

 Son los acuerdos de conformidad, que en la Audiencia Provincial ha supuesto más del 80 por ciento en los tres primeros meses del año. Cuatro de cada cinco acusados se declara culpable antes del juicio que queda reducido a la mínima expresión, al informe de los términos del acuerdo por parte del Ministerio Público y la conformidad de la defensa. El juicio finaliza cuando el acusado ratifica el acuerdo ante el juez o tribunal.

Según los datos facilitados a este diario por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial se han celebrado seis juicios penales en el primer trimestre del año y en cuatro de ellos se alcanzó una resolución de conformidad. En la Sección Segunda se han dictado 14 sentencias, doce conforme a un acuerdo con la defensa del encausado.

En enero, 14 personas se declararon culpables del delito que les imputaba el Ministerio Fiscal y sólo dos rechazaron un acuerdo y prefirieron ir a juicio porque manifestaron ser inocentes. Las dos fueron condenadas a pena de cárcel.

El tráfico de drogas está detrás de casi todas las causas que se cerraron con un pacto. De los 14, sólo tres (dos hombres y una mujer) firmaron un acuerdo tras admitir el delito de estafa que les imputaban.

En febrero, fueron seis las personas que alcanzaron un acuerdo con el fiscal, cuatro de ellas por tráfico de estupefacientes. Marzo comenzó en la Audiencia con el juicio contra un indigente que acuchilló a otro porque creía que le había robado el perro. El hombre pactó una condena de cuatro años por tentativa de homicidio.

También suscribió un acuerdo un hombre acusado de romperle dos dientes a otro porque no le dio un cigarrillo. El encausado se enfrentaba a una condena de cuatro años y medio que quedó reducida a dos años, además de la responsabilidad civil cifrada en 5.600 euros por los daños y secuelas.

No hay margen de error. La conformidad lleva aparejada la reducción de la pena en un tercio a la solicitada. Estos acuerdos sólo son posibles si el encausado se declara culpable, es decir reconoce los hechos y admite la pena que pide el fiscal. La función del Tribunal o del juez «es ejercer el control de la legalidad», subraya el fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, quien explica a este diario que el tribunal no está vinculado a la conformidad y si la pena pactada no estuviera dentro de la ley no se lleva a efecto el acuerdo.

Del mismo modo, remarca que en ningún modo implica dejación de la función de acusación por parte del Ministerio Público, ya que la pena se fija «siempre dentro de los márgenes que establece el Código Penal y en función de las pruebas sobre la comisión o no del delito que se imputa al encausado. Del mismo modo, deja claro que no es una rebaja de condena gratuita y destaca que en una sentencia de conformidad «no hay margen de error; se elimina cualquier posibilidad de error judicial». Además, las conformidades representan un ahorro, ya que se evitan los gastos del juicio y la citación de testigos, peritos, que tienen que dejar su trabajo para asistir a la vista oral. También, contribuyen a descongestionar los órganos judiciales.

No obstante, para el fiscal superior de Castilla-La Mancha lo más importante es «salvaguardar» los derechos de las víctimas. De ahí que los acuerdos de conformidad vayan asociados a resarcir a los perjudicados.

mediación. El decano del Colegio de Abogados de Ciudad Real, Cipriano Arteche, reconoce la labor de la Fiscalía porque las soluciones de conformidad que ha impulsado son muy favorables al «agilizar» la tramitación de los procesos penales y porque «están funcionando francamente bien».

Además, avanza a este diario que en breve esta medida se va a reforzar con la puesta en funcionamiento de la mediación intrajudicial. Arteche destaca el papel de la presidenta de la Audiencia Provincial, María Jesús Alarcón, y de la propia Abogacía que va a tener un turno de mediador en el ámbito intrajudicial para resolver litigios por una vía distinta a la tradicional, menos conflictiva.

De su lado, el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, José Luis Vallejo, señala que el sistema de conformidades contribuye a descongestionar los juzgados y, de este modo, agilizar la Justicia, además de ser muy beneficioso para el acusado, sobre todo cuando hay pruebas abrumadoras de su culpabilidad. Los acuerdos adoptados con la avenencia de las partes «son buenos» para los encausados porque suponen una rebaja de la pena y en ocasiones se llega a suspender la entrada en prisión.

Los abogados son partidarios del acuerdo porque el juicio y la sentencia siempre suponen un riesgo. Y, ya lo dice el refranero: ‘Más vale un mal acuerdo que un buen pleito’.