Cuatro años llevan sobre la mesa las garantías de rentas... y puede que al final no salgan adelante. Esta iniciativa, de la que Podemos Castilla-La Mancha ha hecho bandera, ha estado presente en casi todos los pulsos que ha mantenido con el Gobierno regional. Ya aparecía en el acuerdo de investidura, el que se firmó ante notario en las Cortes y que luego se rompió. Entonces ya venía en sus dos vertientes, la de las medidas prácticas y la del ‘blindaje’ legislativo.
Venía en el punto 5, el que pedía un Plan integral de Lucha contra la Desigualdad Social, que recogía un Plan de lucha contra la Pobreza Energética, un aumento de 1,5 millones de euros para ayudas de emergencia social en un mes y el diseño de un Plan de Garantías de Rentas, con el objetivo de llegar a unos ingresos similares al salario mínimo interprofesional. También salía en el punto 12, donde se pedía que las Garantías de Derechos Sociales se blindaran en el Estatuto.
Las Garantía de rentas fueron también claves para el acuerdo entre el Gobierno regional y Podemos para sacar adelante los presupuestos de 2017, aunque luego los dos diputados de la formación morada votaron en contra. Volvieron a salir a la palestra en las negociaciones de ese mismo año para que Podemos entrara en el Gobierno. De hecho, una de las incorporaciones fue la de una consejera específica para coordinar el Plan de Garantías, que además asumió la labor de blindar esas garantías por ley propia. Lo de la reforma del Estatuto ya empezaba a verse como un horizonte más lejano.
La parte práctica de las medidas de las garantías de rentas, suministro y vivienda se empezaron a ver pronto. Algunas eran nuevas de esta legislatura como la del Plan de lucha contra Pobreza Energética y las oficinas antidesahucio (aunque en un primer momento esta fórmula no gustó del todo a Podemos por quedarse corta). Otras se venían realizando desde antes como las ayudas de emergencia, que se fueron coordinando junto con planes de empleo y ayudas en el ámbito escolar en un mismos programa.
Con anexo propio el Plan de Garantías Ciudadanas apareció por primera vez en los Presupuestos de 2017, con partidas como los 67 millones para planes de empleo o los 25 para renta garantizada, emergencia social o prestaciones a familias numerosas.
Sin embargo la plasmación en una ley de las Garantías Ciudadanas se ha demorado más. Herranz ha sacado hasta cinco textos del anteproyecto de ley hasta que fue aprobado en el Consejo de Gobierno del 12 de febrero. En la web de su Consejería está publicada el certificado de su aprobación, firmado por el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro. Así termina el texto: «Para que conste, a petición de la Consejera encargada de la coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, expido el presente en Toledo, a doce de febrero de dos mil diecinueve».
Tiene su interés porque media hora después de anunciar su aprobación, el portavoz del Gobierno regional Nacho Hernando aseguró que Page había decidido no mandarlo a las Cortes por la actitud de protesta de uno de los diputados de Podemos, David Llorente.
Esto es lo que viene en la ley
En la web de la Junta está publicado el quinto borrador de ley, con fecha de febrero de 2019.
Renta de 6.300 euros al año. Esa es la cuantía para una unidad de convivencia con un solo miembro, pero se va aumentando un 15% para el segundo y un 10% por cada uno más que haya hasta un máximo de cinco.
Ayudas anuales. Se dividen en doce mensualidades, pero se conceden para un año. Se pueden prorrogar si continúa la situación de necesidad que generó su reconocimiento.
Subida del IPC. El límite de la cuantía se tiene que fijar en cada Ley de Presupuestos, fijándose en el aumento del IPC.
Compatible con otros ingresos. Siempre que queden por debajo del límite que fija la prestación. La ayuda será de la diferencia entre los ingersos y ese límite.
Aceptar ofertas. Deberán aceptar las ofertas de empleo o formación recibidas a través de los servicios públicos de empleo.