La Junta de Fiscales de Sala dio ayer un apoyo mayoritario al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, respecto de la interposición de una querella contra el jefe de la Generalitat, Artur Mas, y dos miembros de su Gabinete por su papel en la preparación y celebración del denominado proceso participativo del pasado 9 de noviembre.
Así lo señalaron fuentes oficiales al término del encuentro, que se prolongó durante algo más de cuatro horas. El apoyo fue «casi unánime», y solo hubo alguna reticencia por cuestiones de carácter técnicas referidas a los delitos.
Ahora, lo previsible es que el fiscal general ordene al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, la interposición de una acción penal contra el president, Artur Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y de obstrucción a la Justicia o usurpación de atribuciones judiciales.
En su propuesta ante la cúpula fiscal, el madrileño sostuvo que el contenido de la orden de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional (TC) el pasado 4 de noviembre fue «absoluta, tajante e inequívoca», «no dejaba margen alguno a la duda» y afectaba a toda actuación que contribuyera a impulsar el denominado proceso de participación.
A su juicio, la suspensión del Constitucional afectó también a las actuaciones que no se hubieran formalizado jurídicamente «precisamente para prevenir actuaciones materiales en fraude de ley o vías de hechos buscadas intencionadamente para impedir su eventual impugnación». En los actos de impulso de estas actuaciones participaron de forma «personal y directa» Mas y su vicepresidenta, según el fiscal general.
El debate se desarrolló en tono cordial y cada uno de los intervinientes fue exponiendo su postura sin que se produjera ninguna votación. Fuentes de la Fiscalía General señalaron que lo ocurrido se inscribe en la «normalidad estatutaria» ante la discrepancia planteada por el fiscal de Cataluña a cumplir la orden que le formuló Torres-Dulce hace tres días.
Asimismo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, consideró, antes de que el Ministerio Público se pronunciara, que los fiscales catalanes están actuando «con absoluta autonomía» en este asunto, y que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que también es autónomo, «ejerce sus funciones con capacidad y con calidad». A su juicio, «la Fiscalía actúa con absoluta autonomía de los Gobiernos», y aunque admitió que las instituciones «tienen capacidad para emitir opiniones», está «convencido de que la cualificación y la profesionalidad de los fiscales les permite actuar con absoluta autonomía». «Creo que lo están haciendo en este momento», agregó. Eso sí, no quiso pronunciarse sobre los rumores de una posible dimisión del jurista madrileño.
policía. Mientras, el Sindicato Profesional de la Policía (SPP) y la Unión Federal de la Policía (UFP) anunciaron que van a presentar una querella conjunta contra Artur Mas, al que acusan de un delito de desobediencia por ser el responsable de dar cobertura desde la máxima institución en Cataluña a la consulta soberanista del pasado 9 de noviembre.
Desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF), su portavoz, Álvaro García, lamentó que se acuse a los nueve miembros de la Fiscalía Superior de Cataluña de ser «personas manipulables» por no haber visto motivo para presentar la querella contra la Generalitat. «La discusión es jurídica estrictamente, hay que quitarle componentes ideológicos. Es muy duro escuchar lo que se ha dicho de ellos».
Ya en el Parlament, el presidente de CiU, Jordi Turull, retó a Torres-Dulce a ser valiente y actuar contra la Cámara en lo que es «una persecución política decorada jurídicamente».