En vistas de que la reubicación de refugiados por el Viejo Continente no está teniendo el éxito esperado y que, además, hay varios países de la UE que se han mostrado reacios a acoger en sus territorios a los inmigrantes impuestos desde Bruselas, la Comisión Europea propuso ayer que los Gobiernos de los Estados que no quieran participar en un nuevo mecanismo de emergencia para repartir la carga de acogida en casos de crisis puedan eludir dicha responsabilidad. Eso sí, a cambio de pagar 250.000 euros por cada uno de los ciudadanos que no acepten al país que finalmente reciba a la persona asignada.
«Si una nación no participa, deberá apoyar a las que sí lo hacen», declaró un portavoz comunitario, quien consideró que el pago de esa cantidad es una forma de «solidaridad» mediante financiación.
Con ello, Bruselas deja de lado su idea original de crear una ventana única para gestionar un sistema de reparto de cuotas de acogida permanente, y propone reformar el reglamento de Dublín -que obliga a resolver el expediente de asilo en el primer país al que llega la persona- para incluir el mecanismo de emergencia.
La propuesta, que aún debe ser negociada con los Veintiocho y con el Parlamento Europeo, sí contempla reforzar la Agencia Europea de Asilo (EASO) para que registre todas las peticiones de protección internacional presentadas en los Estados miembros y las aceptadas por cada nación, con el objetivo de medir la presión.
El mecanismo de corrección se activaría al detectar que la llegada de demandantes de asilo supera en un 50 por ciento la capacidad total de un país para atender refugiados, y se pondría en marcha de manera temporal, hasta que las cifras se estabilizaran y la sobrecapacidad se redujera por debajo de ese 50 por ciento. La clave de reparto para distribuir entre el resto las plazas se calculará en base a la población y al PIB de cada territorio (al 50 por ciento cada factor).
De salir adelante, el mecanismo no tendrá efecto retroactivo y empezarán a contar de cero las peticiones de asilo tenidas en cuenta, con lo que no se aplicará a los miles de demandantes llegados ya a territorio comunitario. Su efectividad será reevaluada tras un año de aplicación.
La iniciativa choca con la posición tradicional de los países del Este, que han mostrado reiteradamente su rechazo a cualquier sistema que imponga cuotas de reparto desde Bruselas.
También España veía con reservas un modelo permanente y centralizado, aunque ve «más razonable» la salvaguarda de emergencia, según manifestó el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en una reunión el pasado abril.