Los funcionarios de Justicia protagonizaron ayer una nueva jornada de protesta a las puertas de los Juzgados de Ciudad Real, donde formaron una cadena humana maniatada para ejemplificar la Justicia que, dicen, quiere el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Así lo aseguraron tras reiterar que los planes de privatización que planea del Gobierno afectarán al bolsillo de los ciudadanos, ya que, según sus cuentas, en un futuro no muy lejano al menos el 30% de los trámites que ahora son gratuitos dejarán de serlo. Es decir, «van a tener que pasar por caja», remarcó la presidenta de la Junta de Personal de Justicia de Ciudad Real y responsable del STAJ, Carmen Romero, que compareció acompañada de Josefa Cabello (UGT), José García Muñoz (CSI·F) y Mariano Muñoz (Justicia y Progreso, miembros de dicha junta que ha sido la que convocado las protestas.
Romero manifestó que han exigido al Ministerio que convoque «urgentemente» una reunión y «dé explicaciones», información sobre las gestiones que están realizando, añadió, a espaldas de los trabajadores, juntas de personal y centrales sindicales. «A día de hoy no sabemos qué va a pasar con los registros civiles, Juzgados de Paz, la justicia voluntaria ...» y cómo va a afectar a los ciudadanos las reformas que propugna Gallardón, subrayó Carmen Romero. «El Registro Civil se va a regalar, no sabemos si a los registradores mercantiles o a quién pero se va a regalar», apuntó Mariano Muñoz.
Según explicó la presidenta de la Junta de Personal, el ministerio ha remitido a los registros civiles un cuestionario para hacer un inventario detallado, tanto del volumen de asuntos como datos relativos a los libros, dimensiones, estanterías. Por ello, «tenemos la mosca detrás de la oreja. Cuando alguien hace inventario es porque pretende hacer un cambio», añadió García Muñoz tras censurar que el Ministerio se gaste «más de 116.000 euros» en inventariar todo. «Ha contratado con una empresa informática para que se encargue de hacer una relación de material inventariado. Dicen que no hay dinero, pero para ésto si».
José García puso también el acento en el gran recorte que, a su juicio, supone la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial no sólo en cuanto a los derechos de los funcionarios de Justicia, también «se recortan los derechos de los ciudadanos».
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