La Ley de la Dependencia es una norma de responsabilidades compartidas entre el Estado y las comunidades autónomas. Al principio, la idea era que iban a compartir el gasto al 50 por ciento. Pero la realidad es que eso no es así y las comunidades corren con el grueso del gasto. Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aportó el 85,2 por ciento del total del gasto del sistema de dependencia en el año 2017, por encima de la media nacional del 83,7 por ciento, y el Estado contribuyó con el 14,8 por ciento.

Así, el gasto de la administración regional fue de 348,6 millones de euros y el del Estado de 60,6 millones, para sumar un total de 409 millones de euros destinados al sistema de dependencia en Castilla-La Mancha el año pasado.

En el conjunto de España, el gasto medio por dependiente en 2017 ascendió a 8.225 euros anuales, de los que el 83,7 por ciento lo aportan las comunidades autónomas y el 16,3 por ciento la administración central.

Son datos facilitados por el Ministerio que dirige María Luisa Carcedo al Observatorio Estatal para la Dependencia, que arrojan una inversión pública total certificada de 7.459 millones de euros en España, de los que la aportación finalista del Gobierno fue de 1.218 millones (16,3%), mientras que las CCAA gastaron 6.241 millones de euros (83,7%).

Las cifras muestran un descenso de la aportación del Gobierno al sistema de la dependencia del 17,4 por ciento en 2016, al 16,3 por ciento de 2017.