Después de semanas de polémica sobre los presuntos viajes de lujo a costa del Estado del presidente del Consejo General del Poder Judical (CGPJ), Carlos Dívar, la Mesa del Congreso de los Diputados decidió ayer por unanimidad tramitar su comparecencia para explicar en la Cámara Baja la parte de la memoria de este organismo referida al dirigente.

La propuesta aceptada ha sido la que planteó el grupo Izquierda Plural y se adapta más a las normas habituales del Congreso que regulan las comparecencias del presidente de CGPJ, que suele acudir a explicar la memoria anual del Consejo. No obstante, es presumible que dicha intervención girará sobre los presuntos gastos irregulares en los que ha incurrido Dívar, según denunció uno de los miembros de este órgano.

Las peticiones de comparecencia del jefe del Supremo vinculadas al pago con dinero público de unos 20 viajes a Marbella, se habían rechazado hasta en tres ocasiones por laMesa del Congreso.

La intervención tendrá lugar, previsiblemente, en otoño, tal y como adelantó el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, ya que Dívar no acudirá al Congreso «hasta que éste no reciba la Memoria relativa de 2011».

De esta manera, Alonso quiso vincular claramente la comparecencia del dirigente en la Comisión de Justicia con la presentación de la Memoria del órgano de gobierno de los jueces. 

 

«DIMISIÓN O CESE». Tras conocer la tramitación de la intervención del jefe del CGPJ, un vocal de este órgano, Manuel Gómez Benítez, afirmó que es «apabullante la apariencia delictiva» de los viajes Carlos Dívar a Marbella (Málaga), y consideró que, presuntamente, existe «un delito de malversación de caudales públicos de manual». Además, destacó que «esta crisis solo se puede cerrar con la dimisión o el cese» de Dívar y con «una reforma en profundidad» de todo el Consejo. 

Gómez Benítez señaló que el decreto de la Fiscalía en el que archiva la investigación sobre los viajes del presidente del CGPJ «contiene un mensaje de impunidad generalizada al amparo de la pretendida naturaleza reservada de esas actividades y de la presunción de oficialidad de todo lo que hacen determinados altos cargos, incluso durante su tiempo libre». 

En este sentido, destacó que «la normativa interna del Consejo sobre la liquidación de esta clase de gastos, en la que también se apoya el fiscal, no autoriza a desviar fondos públicos hacia gastos privados, sino que tan solo permite liquidar los gastos por actividades oficiales sin tener que informar de la concreta actividad que motiva el desplazamiento o la identidad de los comensales. Pero esto se puede investigar muy fácilmente», aseguró. 

Ayer, precisamente, se conoció que la asociación de juristas Preeminencia del Derecho ha ampliado su querella contra Dívar, para añadir la información que publicaron el pasado lunes varios medios impresos y que cifra en un total de 32 los viajes realizados por éste en fines de semana largos, de hasta cuatro días, parte de los cuales cargó al presupuesto del órgano de gobierno de los jueces. 

Así, amplía los hechos con la existencia de cargos por valor de 15.185 euros en viajes a Barcelona, Bilbao, La Coruña, Santiago de Compostela, Oviedo, Valencia y Palma de Mallorca.