El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, dejó claro en Ciudad Real que la propuesta de reducir los partidos judiciales es del Poder Judicial a petición expresa del Parlamento, pero «no es el informe ni el criterio del Ministerio ni del Gobierno actual de España».
Con la misma firmeza y claridad, aseguró que la crisis no puede ser una excusa para no abordar las reformas que necesita la Justicia. Gallardón, que se desplazó hasta Ciudad Real para imponer al decano del Colegio de Abogados, Cipriano Arteche, la Cruz distinguida de primera clase de San Raimundo de Peñafort, anunció que el Gobierno llevará en otoño a las Cortes los proyectos de reforma de las leyes de Demarcación y Planta Judicial para articular mecanismos análogos a los de la jurisdicción penal con el fin de que agosto deje de ser un mes inhábil en la Administración de Justicia, porque «España no está para fiestas, está para trabajar los 365 días del año», enfatizó.
Estos anuncios fueron la respuesta de Ruiz Gallardón a las demandas que habían dejado caer en intervenciones precedentes los presidentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, y del Consejo regional de la Abogacía, José Luis Vallejo, y el propio Cipriano Arteche, en torno a las necesidades de la Justicia en Ciudad Real y en la región.
Sin abandonar el tono protocolario al que obligaba el acto togado de imposición de la Cruz de San Raimundo de Peñafort al decano del Colegio de Abogados, el ministro señaló que, además que para la resolución de conflictos, la Administración de Justicia debe ser también un factor de competitividad y «un valor añadido a nuestro potencial de crecimiento de tal forma que agilizar la Justicia significa poner en circulación ingentes recursos que ahora están en manos de administraciones y particulares e incorporarlos al aparato productivo». Según Gallardón, el Ministerio «esta convencido de que la actual situación no puede ser excusa para retardar las reformas que la Administración de Justicia necesita» y, a este respecto, agradeció los informes con propuestas de reforma que le están haciendo llegar instituciones como el Colegio de Abogados de Ciudad Real y reiteró que la propuesta de modificación de la planta judicial que se ha conocido la ha elaborado el Consejo General del Poder Judicial a petición expresa del Parlamento pero «no es el informe ni el criterio del Ministerio ni del Gobierno de España. Cuando hagamos nuestra propuesta no tengáis duda de que tendremos en cuenta la realidad de España, de Castilla-La Mancha y de Ciudad Real», afirmó.
En cuanto al reconocimiento a Cipriano Arteche, Alberto Ruiz Gallardón expresó que el acto de ayer conjugaba «solemnidad y cercanía a partes iguales» porque reunía por un lado a todos los representantes institucionales, incluido él y la máxima autoridad del Estado en la región, la presidenta Cospedal, y por otro a la familia del homenajeado y a muchas personas de la sociedad civil y militar que valoran personal y profesionalmente al decano de los abogados ciudadrealeños.
Así, el ministro proclamó que «no es solo tu categoría como jurista la que nos ha traído aquí, sino, fundamentalmente, tu estatura y dimensión personal la que nos reúne como amigos y admiradores» y aseguró que Arteche es un referente entre los profesionales del Derecho que han hecho de su profesión una auténtica vocación y «un ejemplo de las personas que necesitamos en España en un momento como éste».
De críticas y peticiones. De su lado, el presidente del TSJ de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, tras elogiar la trayectoria de Arteche, no desaprovechó la ocasión de tener en su casa a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, y al ministro de Justicia para pedir que no se olviden de las necesidades de la Justicia en la región cuando pase la crisis porque ha sido la eterna olvidada y son muchas las carencias. También pidió una planta judicial acorde a las singularidades de la comunidad castellano-manchega.
Rouco manifestó confiar en las reformas, pero puntualizó que deben estar dictadas por el sentido común, «como por ejemplo reconduciendo el nuevo modelo de Oficina Judicial a su verdadero papel, en el que destaque su fundamental función al servicio del Poder Judicial, o articulando y diseñando una organización y una demarcación judicial acorde a las características geográficas y demográficas de Castilla-La Mancha».
El presidente del Consejo regional de la Abogacía, el ciudadrealeño José Luis Vallejo, tampoco dejó pasar la oportunidad para mostrar su desacuerdo con la propuesta del Consejo General del Poder Judicial respecto a la nueva demarcación y la decisión del ministro Gallardón de que agosto sea un mes hábil en la Administración de Justicia para agilizarla. «Poco gana la Justicia y poco se acelera si el mes de agosto lo habilitamos totalmente, cuando ya lo está prácticamente», a lo que Gallardón respondió que España «no está para fiestas, está para trabajar los 356 días del año».
De su lado, Arteche dejó claro que el Colegio de Abogados de Ciudad Real opta por el mantenimiento de los diez partidos judiciales (frente a tres que propugna el Poder Judicial) en su actual configuración, «hasta conocer exactamente que se quiere hacer, cómo y con qué medios se cuenta». En esta misma línea dijo que hay que considerar «los condicionantes económicos, sociológicos y políticos que suponen la existencia de los partidos judiciales y su impacto en los municipios», concluyó.
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