Cataluña va a hacer caso omiso a las exigencias del Gobierno central e implantará la tasa del euro por receta el próximo 23 de junio, una medida que, muy probablemente, el Ejecutivo que lidera Mariano Rajoy finalmente recurra, al considerar que invade sus competencias.
Tal y como aseguró ayer el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, el Govern lo tiene «todo a punto» para que el 23 de junio esta tasa empiece a implementarse, por lo que en la región, los pacientes deberán pagar este euro y el aumento del copago farmacéutico aprobado por el Gabinete de Madrid a partir del 1 de julio.
El Ejecutivo autonómico indicó que aún no tiene constancia oficial de que el Estado ya haya iniciado los trámites para apelar este impuesto, que piensa llevar adelante, aunque remarcó que, si lo hace, sería un «grave error».
Así, Homs argumentó, en primer lugar, que recurrir esta medida supone un ataque al autogobierno catalán, por lo que pidió a todos los grupos del Parlament que, si se acaba produciendo, apoyen al Govern, estén o no de acuerdo con la tasa.
En segundo lugar, el portavoz convergente explicó que una eventual denuncia implicaría que desde Moncloa cuestionan una reforma contra el déficit adoptada por una Comunidad Autónoma, una situación que, en su opinión, sería un verdadero sinsentido: «¿Cómo explicará este recurso a Europa?», se preguntó.
De este modo, Homs advirtió de que suspender el euro por receta implicaría también no cumplir con el objetivo de deuda regional, ya que esta tasa se incluye en los presupuestos que ya han sido aprobados por el Parlamento de Barcelona.
Asimismo, señaló que llevar el recurso al Tribunal Constitucional podría implicar que el Ejecutivo de Rajoy «suspendiese» unilateralmente el euro por receta, lo que podría hacer ley en mano, pese a que tendría graves consecuencias para las arcas públicas catalanas.
Según concluyó Homs, el Govern no se plantea «ninguna» alternativa a la nueva medida, puesto que figura en el plan económico y financiero de la Generalitat para este año.
Apoyo incondicional. Por su parte, la presidenta del Partido Popular catalán, Alicia Sánchez-Camacho, al ser preguntada sobre la posibilidad de que el Gabinete central recurra la nueva tasa autonómica por una posible invasión competencial, defendió la legitimidad del Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy para hacerlo.
«Si el Gobierno quiere recurrir al Tribunal Constitucional esta decisión, tiene toda la legitimidad para hacerlo», señaló la dirigente conservadora, que recordó que el Govern también ha llevado al Alto Tribunal los decretos educativos y sanitarios aprobados por el PP.