El asunto de la compraventa del Aeropuerto de Ciudad Real es una fuente inagotable de secretos y sorpresas. Cuando parecía que concursada y acreedores iban a aceptar la propuesta hecha por Ciudad Real International Airport SL (CRIA), la mercantil adjudicataria del Aeropuerto de Ciudad Real de forma provisional habida cuenta de que no ha completado el pago (53,39 millones más las cantidades adeudadas), dos acreedores presentaron alegaciones poco antes de que venciera el plazo dado por el juez Carmelo Ordóñez (15.00 horas de ayer viernes).
Según ha podido saber La Tribuna, entre los argumentos de los dos versos sueltos ,recogidos en sus escritos de alegación , destacan que no se puede llevar a cabo la fórmula planteada porque no está contemplada en el auto de adjudicación de la infraestructura.
El último capítulo que ha escrito el aeropuerto tiene que ver con el auto dictado por el TribunalSupremo relativo a la inadmisión del recurso presentado por el Gobierno balear y, por tanto, se declara la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que condenaba al Ejecutivo de esa comunidad a pagar 87 millones de euros (65 de principal más intereses acumulados desde mayo de 2009) a la administración de dos empresas de Rafael Gómez Arribas, Puerta de Ibiza y Mecron.
CRIA, cuya cabeza visible es Gómez Arribas, esperaba como agua de mayo el fallo del Supremo que ha llegado dos semanas antes de que venza el último plazo que le ha concedido Ordóñez. Así, con este aval, ofreció al juez pagar los 53,39 millones de euros pendientes de completar para la compra del Aeropuerto de Ciudad Real con la cesión de crédito de la condena dineraria dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares a favor del presidente de esta mercantil, Rafael Gómez Arriba. Con estos mimbres, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4, que tiene la competencia de lo Mercantil y que se encarga del procedimiento concursal de la empresa CR Aeropuertos SL por el que se puso a la venta el aeródromo manchego, dictó una providencia el jueves para dar cuenta del nuevo planteamiento de Rafael Gómez Arribas: abonar los 53,3 millones a cuenta de los 87 que le tiene que pagar el Gobierno balear.
Uno de los concursados que ha presentado alegación defiende la teoría de que no se puede adjudicar el aeropuerto con esa forma de pago planteada por el adjudicatorio provisional (consignó 1,8 millones en cheque bancario con la promesa de compra por 56,2 millones el 15 de abril de 2016).
Un crédito condicionado. Según han explicado a este diario fuentes jurídicas, los dos acreedores que han presentado alegaciones consideran que no es de recibo un crédito condicionado, futurible.
Esperanza Obejo es una de las acreedoras que se opone a la fórmula planteada por Gómez Arribas porque, según argumenta en su escrito de alegación, en la dación o adjudicación en pago, el deudor entrega al acreedor como contraprestación un bien o derecho distinto del que constituyó la prestación inicial. Estiman que no existe en este caso una verdadera dación en pago y «no la hay porque en la dación el acreedor se da por pagado y no es el caso», sentencia. La acreedora se pregunta cuál es la figura jurídica tras reiterar que al no existir pago, no existe dación en pago, «se dispone soterradamente una condición resolutoria».
CRIA solicitó al juzgado una ampliación del plazo de venta «fundamentado en la financiación que obtendría con la firmeza de la sentencia balear e incluso aportó una carta de la entidad bancaria que demostraba que ya habían iniciado trámites para ello. Ahora dice que no hay tiempo para tramitar esa financiación. Pues bien, lo que no hay es tiempo para que sea la concursada la que asuma la financiación y riesgos», expone en su escrito de alegación.
La acreedora concluye que si CRIAha conseguido la fuente de financiación que «se le conceda un plazo de tres meses (razonables en la práctica mercantil, máxime teniendo en cuenta que ya venía negociándolos) para que formalice la financiación y se escriture la venta del aeropuerto al pago del precio íntegro y de lo debido al juzgado como se dispuso en el concurso».
El otro acreedor que se ha opuesto es la mercantil Imesapi, que forma parte con Urbalx SA GRP Iluminación SA de la Unión Temporal de Empresas que se encarga del mantenimiento y limpieza de la infraestructura. En su escrito presentado ayer pide que a la vista del estado en que se encuentra el concurso, con la posible venta de la concursada a la adjudicataria provisional, se dé a las actuaciones el impulso procesal oportuno y se practique la liquidación de intereses que se les adeuda.
fórmula aceptada. Quienes sí han aceptado la fórmula propuesta por el adjudicatario provisional del aeropuerto son la administración concursal y CRAeropuertos, la concursada. El abogado de la concursada, Jesús Barroso, reconoció a este diario que por su parte «no nos vamos a oponer a esta fórmula», y reconoció que «prácticamente es la única posibilidad que existe», al tiempo que puntualizó que sí remitieron un escrito al juez en el que pedían que la operación se realizara «con todas las cautelas necesarias» y que se aceptara el pago de ese crédito mediante una cesión pro solvendo. «Si no se logra el cumplimiento o llega alguien que por cualquier cuestión tenga un derecho preferente sobre esos créditos, que la operación se deshaga». Además, subrayó la posibilidad abierta por Ordóñez en su providencia para alcanzar un acuerdo con una entidad financiera que se haga cargo de los créditos contra la masa, y los acreedores puedan disponer de sus fondos antes de que pague el Gobierno balear.