Los alcaldes y concejales de 11 municipios de la provincia rubricaron ayer con la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, el convenio para poner en marcha una oficina antidesahucios en sus municipios. Almadén, Almagro, Argamasilla de Alba, Argamasilla de Calatrava, Campo de Criptana, Cózar, Herencia, La Solana, Manzanares, Miguelturra y Socuéllamos se suman así a la red de oficinas de intermediación hipotecaria que la Junta abrió el pasado 21 de octubre en colaboración con los colegios de abogados y el Colegio de Trabajadores Sociales de la región.
Con estas nuevas firmas, en sede de la Delegación de la Junta, son ya 13 los municipios adheridos a la red de las OIH en la provincia ciudadrealeña. Previamente habían firmado el convenio las regidoras de la capital y de Alcázar de San Juan, además de la Diputación Provincial.
De la Cruz subrayó que con el convenio se aúnan esfuerzos «para remar en la misma dirección», que no es otra que la lucha por aquellos ciudadanos que están atravesando situaciones económicas complicadas y se enfrentan al hecho de poder perder su vivienda. En este sentido, destacó la labor que realizan los consistorios, como administración más cercana a las necesidades de sus vecinos. «Son los primeros que los atendéis», remarcó la responsable del Gobierno de Castilla-La Mancha.
La Oficina de intermediación Hipotecaria (OIH) de Ciudad Real ha atendido en estos casi cuatro meses a 61 familias, de las 457 que han acudido a la red de seis oficinas abiertas hasta la fecha por el Gobierno regional en toda la Comunidad.
Asimismo, Elena de la Cruz confirmó que desde el pasado octubre se ha conseguido paralizar un total de 12 desahucios, el último el jueves en la oficina de Albacete, en la que se lograba que una pareja de Caudete con dos hijos menores de edad no tuvieran que abandonar su hogar. Es el segundo lanzamiento que la red consigue paralizar en este municipio y el octavo en la provincia de Albacete. De la Cruz informó que de la docena ninguno corresponde a Ciudad Real.
Lo que sí reveló la responsable regional es que en los últimos seis meses se han realojado en pisos de titularidad pública a 16 familias de la provincia que habían sido anteriormente desahuciadas. Por lo que destacó que es «fundamental» para el Ejecutivo autonómico ir incorporando más inmuebles al parque de viviendas público, para lo que están manteniendo conversaciones con las entidades bancarias que poseen viviendas vacías. «Los informes nos hablan de 45.000 inmuebles vacíos en la región, por eso quiero pedir colaboración a los bancos para poner a disposición de los ciudadanos un fondo social de viviendas y para que desde el primer momento tengamos en las oficinas una persona de contacto con cada entidad financiera para intentar evitar esos lanzamientos».
Elena de la Cruz se refirió también a los datos del Consejo General del Poder Judicial sobre procedimientos de lanzamiento abiertos, que descendieron en el primer semestre de 2015 en un 21% en Castilla-La Mancha y en un 30% en la provincia de Ciudad Real (421 en los primeros seis meses de 2014, frente a los 294 del primer semestre de 2015). No en vano, indicó que la Junta seguirá trabajando en este camino «mientras haya una sola familia que lo necesite».