La Sindicatura tiene los días contados. Ahora sí. Las Cortes regionales aprobaron la Ley que suprimirá este organismo que se encarga de auditar las cuentas del sector público de Castilla-La Mancha. La normativa entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial, por lo que la Sindicatura de Cuentas será historia antes de que pase un mes.
El PP votó a favor de eliminar la Sindicatura en un pleno al que asistió como invitado el actual síndico, Miguel Ángel Cabezas de Herrera. El portavoz de los populares, José Manuel Tortosa, calculó que de esta forma la Junta se ahorrará 1,6 millones de euros. Explicó que los funcionarios de carrera que hay en la Sindicatura pasarán ahora a trabajar directamente para la Junta. Ylas auditorías que están pendientes se remitirán al Tribunal de Cuentas, el órgano a nivel nacional. «En modo alguno va a suponer una menor fiscalización de las cuentas públicas», aseguró.
El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, intervino en el pleno para agradecer el trabajo realizado por esta institución desde 1993. «El síndico está entre nosotros», expuso Esteban, «para todas las personas y todos los funcionarios que componen la Sindicatura, nuestro reconocimiento por su labor, personalidad, entrega y su manera de hacer las cosas bien, por encima de colores y políticos, atendiendo única y exclusivamente a criterios técnicos».
El actual síndico de Cuentas, Miguel Ángel Cabezas de Herrera, asistió al pleno que cerrará su institución. - Foto: Yolanda Lancha El portavoz del Gobierno también arremetió contra los diputados de la oposición, a los que echó en cara que tienen poco aprecio a la Sindicatura, aunque en estos meses hayan intentado conseguir su permanencia. «A ustedes la institución no les importa nada, no han hablado de ella», criticó Esteban dirigiéndose a la bancada socialista.
El PSOE no cree que se vaya a ahorrar.
Desde el PSOE, la diputada Delfina Carrasco explicó que el Tribunal de Cuentas tendría que gastarse 2,3 millones para abrir una delegación en Castilla-La Mancha y así sustituir a la Sindicatura. Por eso, defendió que mantener esta institución sale «más económico». Carrasco cree que detrás de esta operación el Gobierno intenta que la Sindicatura no publique la auditoría de las cuentas de 2012, el primer año entero del Gobierno del PP antes de las elecciones autonómicas de 2015. «No interesa que el próximo informe de la Sindicatura de Cuentas ponga de manifiesto el número de empleados públicos despedidos en 2012», aireó Carrasco, «ni que el gasto en Educación o Sanidad haya caído por debajo de 2008».
Aunque el PSOE votó que ‘no’ a la supresión de la Sindicatura, sus votos fueron insuficientes para salvar a esta institución. En el plazo de un mes pasará a la lista de organismos desaparecidos como el Defensor del Pueblo o el Consejo Económico y Social.