La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, así como cinco ayuntamientos de Castilla-La Mancha han sido calificados por el Defensor del Pueblo como administraciones «entorpecedoras». Así se desprende del resumen del balance que el pasado 29 de septiembre realizó Soledad Becerril en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo sobre su gestión en los nueve primeros meses del año. Asimismo, presentó una serie de estudios sobre licencias urbanísticas, seguridad y accesibilidad de las áreas de juego infantil, y urgencias hospitalarias elaborado con todos los defensores del pueblo autonómicos.
Dos administraciones de Castilla-La Mancha (una Consejería a nivel autonómico y cinco ayuntamientos) han sido tildadas por Becerril de «entorpecedoras», ya que han dificultado u obstaculizado la labor del Defensor del Pueblo sistemáticamente o han desarrollado alguna actuación negativa. En concreto, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural es calificada de esta manera por 41 días de demora en responder al requerimiento de información sobre vías pecuarias por parte de la institución. Una postura que se repite en los cinco ayuntamientos, la de no contestar al tercer requerimiento de información.
Los ayuntamientos de esta comunidad que aparecen entre las administraciones «entorpecedoras» pertenecen a la provincia de Albacete (dos), a la de Ciudad Real, a Cuenca capital y a la provincia de Toledo. Así, el Ayuntamiento de Villapalacios ha acumulado hasta 330 días de demora sin contestar sobre información relacionada con licencias urbanísticas, así como el Ayuntamiento de Yeste -también en la provincia de Albacete- llevaba 127 días de demora.
El Defensor del Pueblo también requirió información sobre vías pecuarias al Ayuntamiento de Villamayor de Calatrava (Ciudad Real), que se ha demorado 256 días en la respuesta. Por su parte, el Ayuntamiento de Cuenca fue cuestionado sobre una competencia genérica y acumuló 90 días de demora. Por último, el Ayuntamiento de Gerindote (Toledo) no respondió en 172 días al Defensor del Pueblo sobre información urbanística y derecho de acceso.
Todas estas administraciones han entorpecido el trabajo de la institución que dirige Soledad Becerril y por ello aparecen destacadas en su balance de los tres primeros trimestres del año 2015. Nueve meses en los que el Defensor del Pueblo ha formulado 1.070 recomendaciones y sugerencias, ha iniciado 381 actuaciones de oficio y gestionado 11.804 expedientes.
Entre las recomendaciones formuladas destacan aquellas relativas a la alimentación de menores en períodos no lectivos, al IBI rústico en suelos urbanizables sin construir, a la adecuación de valores catastrales, a las indemnizaciones a todas las víctimas del terrorismo y a la Ley de Seguridad Ciudadana.
La institución presume de haber realizado un esfuerzo para disminuir sus tiempos medios de respuesta, y en la actualidad tarda una media de 31 días en responder a los ciudadanos, menos de la mitad que en 2012 cuando tardaba 64 días. Por ello, es tan importante que ese esfuerzo sea recíproco y también las administraciones estén a la altura para no estorbar en el trabajo que realiza el Defensor del Pueblo y poner a disposición cuanto antes la información que se le pide. En total, 26 administraciones no han contestado al tercer requerimiento de información, 21 de las cuales son locales y cinco autonómicas.