Una de las consecuencias de la 'Gloriosa', la revolución que derrocó a Isabel II, que han pervivido hasta la actualidad ha sido el Registro Civil, que empezó a funcionar el 1 de enero de 1871 y que hasta hoy ha permanecido adscrito a la Administración de Justicia. Sin embargo, la cuenta atrás para que esta competencia pase a manos de los registradores mercantiles ya ha empezado a resultas del real decreto ley aprobado por el Gobierno el 4 de julio del año pasado, que establece un calendario por el que estos funcionarios de la Administración asumirán este servicio de forma paulatina hasta el 1 de enero de 2017, fecha a partir de la cual lo ejercerán de forma exclusiva.

El secretario coordinador provincial, Jesús Martín-Gil, en declaraciones a La Tribuna, explica que los registros civiles han desempeñado históricamente una labor muy importante: «Tener a todos los españoles debidamente registrados y ordenados», y por eso se adscribieron a la Administración de Justicia, porque «en ese momento el Estado no tenía tantos instrumentos como ahora ni disponía de funcionarios con suficientes conocimientos: no hay que olvidar que a los secretarios judiciales se les llamó escribanos durante mucho tiempo porque eran los que sabían escribir», señala, y «puede que por eso no le dieran la competencia a los ayuntamientos, por la falta de capacitación de su personal», añade.

La nueva Ley del Registro Civil que acaba con el modelo vigente hasta ahora, no concretaba quien iba a asumir la competencia y al final se han decantado por la «desjudicialización completa», es decir, separarla de la Administración de Justicia y pasarla al ámbito de los registradores mercantiles, personas que son funcionarios en la medida que aprueban una oposición, pero cuya remuneración está sujeta a unos aranceles que es de donde paga a sus empleados, que no son funcionarios. Habrá que ver cómo se les compensa el aumento de trabajo, vía Presupuestos Generales del Estado, que son los ciudadanos en última instancia, o directamente en forma de arancel o pago de tasa. De alguna manera lo tendrán que cobrar, afirman responsables de la Administración de Justicia y trabajadores del Registro Civil adscrito al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ciudad Real.

El coste. «Está por ver si van a dar mejor o peor servicio y lo que va a costar; el Registro Civil actualmente cuesta dinero, los sueldos que nos pagan», apuntan funcionarios de este servicio. En este sentido el secretario coordinador señala que también hay que ver qué pasa con el personal, aunque «el ministro Rafael Catalá dijo, recientemente en Albacete, que no se va a amortizar plaza alguna del Registro, sino que esas plazas van a incrementar las de otros órganos judiciales».

La Ley de Planta y Demarcación Judicial establece la plantilla de todos los juzgados de España y, en aquellos que tienen Registro Civil, una redistribución. Así que el personal de las cinco oficinas del Registro que hay en la provincia lo adscribirán al servicio común o a otro departamento».

Por el momento el Ministerio de Justicia ya ha remitido a los registros civiles una encuesta para que concretaran cuántos libros hay, cuántos tomos y qué volumen de trabajo genera un registro.

 La finalidad es que los registradores mercantiles tengan una referencia más o menos fiable de la carga de trabajo que les va a suponer esta competencia, aunque también es cierto que la ley prevé que las inscripciones ya se cursen sin necesidad de acudir a los registros, apunta el responsable de la NOJ (Nueva Oficina Judicial), porque «casi todos los niños nacen ya en centros sanitarios y lo que se pretende es que se inscriban desde allí, igual que las defunciones, que ya no se tenga que hacer cola y que la inscripción se lleve a cabo de forma telemática».

Además de un impulso a las certificaciones informáticas, «supongo que un segundo objetivo es reducir la presencia física en el registro de los ciudadanos. Otra cosa es que se consiga o no».

Según el calendario previsto en el Real Decreto Ley de julio del año pasado, hasta julio de este año todo seguirá como hasta ahora en tanto se desarrolla una nueva una nueva plataforma tecnológica para informatizar los trámites. Así que «tarea tienen» para sacar la normativa necesaria para empezar. De entrada son necesarias otras normales legales de rango menor que expliquen como se va a hacer todo, pero luego existen otras de un rango aún menor que sean las que los pongan en marcha.