La Asociación provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo  va a pedir a nuevo equipo del Gobierno municipal que encabeza Pilar Zamora «poner coto» al botellón que tanto «daño» está haciendo al sector, al igual que han hecho otros ayuntamientos como el de Valladolid o sin más lejos el de Albacete, remarcó en declaraciones a La Tribuna, la gerente de esta asociación Cristina Miranda.

Explicó que es uno de los asuntos más importantes que tienen previsto abordar en la reunión a celebrar con la alcaldesa porque es uno de los problemas más «graves» que tiene el sector.

Cristina Miranda señaló que Valladolid y Albacete «tienen una ordenanza especial que prohibe el consumo de alcohol en la calle, en instalaciones al aire libre con una competencia directa al sector hostelero». Aseguró que el daño que está causando al sector es «tremendo» y un ejemplo más, añadió, han sido las pasadas fiestas patronales. «Los horarios hosteleros son muy reducidos, van en cascada y actividades como el botellón son un lastre porque la gente  llegaba a las casetas o bares cuando estaban a punto de cerrar».

La gerente de la Asociación provincial de Empresarios de Hostelería insistió en que el botellón  es una práctica que no sólo daña económicamente los intereses de los empresarios, también la imagen de la ciudad con un coste añadido muy importante a las arcas municipales por las tareas de vigilancia para evitar incidentes y las labores de limpieza.

De este modo, el sector va a pedir al Ayuntamiento que coja el toro por los cuernos para acabar con el botellón. La Ley orgánica de Seguridad Ciudadana popularmente conocida como 'Ley Mordaza', que entró en vigor el pasado julio, puede ser un buen aliado ya que pone coto a los botellódromos y macrobotellones de primavera y demás estaciones del año. Permite a los policías sancionar a quien se encuentren en estos recintos tomando alcohol cuando se perturbe la tranquilidad y el descanso de los vecinos con multas de entre 100 y 600 euros.