La Tribuna de Ciudad Real
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La oposición lamenta que no se negara a Dulcinea su renuncia

D. R. - jueves, 29 de noviembre de 2018
Un instante de la sesión plenaria. - Foto: D. R.
El Pleno aprueba por unanimidad personarse en la causa abierta en un juzgado de Ciudad Real por parte de la concesionaria para renunciar a la gestión de la Escuela Infantil.

La Corporación municipal del Ayuntamiento de Puertollano, reunida esta tarde en sesión plenaria de carácter extraordinario, aprobó por unanimidad que la Administración local se persone en el procedimiento ordinario abierto en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Ciudad Real en relación a la propuesta de la empresa Servicios Infantiles Dulcinea de renunciar a la concesión de la Escuela Infantil o Centro de Atención a la Infancia (CAI) que gestiona desde hace más de una década en la populosa barriada de Fraternidad, muy cerca del Hospital Santa Bárbara.
El Pleno secundó la propuesta de la oficial letrada del Consistorio, Carmen Santos, si bien desde la bancada de la oposición mostraron su malestar por el modo en que se ha tratado este asunto, sobre todo tras constatarse que desde la Administración municipal no se llegó a responder a la comunicación que Servicios Infantiles Dulcinea le hizo en el mes de marzo de este año solicitando la rescisión del contrato de forma unilateral y reclamando una indemnización, que rondaría los 600.000 euros.
La propia alcaldesa, Mayte Fernández, reconoció que el equipo de Gobierno no tuvo conocimiento de este asunto hasta que este mismo mes llegó al Ayuntamiento un escrito del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Ciudad Real comunicando que el 30 de octubre se admitió a trámite un recurso de la empresa. «No fue una decisión política no responder a la empresa. De hecho, estoy de acuerdo en que se tenía que haber contestado», apuntó Fernández y añadió que «si por nosotros fuera, hubiéramos respondido».
La regidora municipal hizo estas declaraciones tras saber que por parte de los grupos políticos de la oposición (Partido Popular, Izquierda Unida y Ciudadanos, y el concejal no adscrito, Joaquín García-Cuevas) apoyaban la propuesta de personación, si bien lamentaron la «falta de información» que consideran han tenido al respecto y, sobre todo, que desde el Consistorio no se respondiera a Dulcinea.
Alejandro Becerra, en representación de Izquierda Unida y abogado de profesión, puso de manifiesto que «el silencio administrativo suele volverse en contra de las administraciones públicas» y mostró su pesar por que la empresa decida irse «cuando desde este ayuntamiento se le ha tratado más que bien», recordando que en 2017 el Pleno (con los votos a favor entonces de los 15 ediles del PSOE y los ocho del PP, y en contra de los dos de IU) concedió un acuerdo «muy beneficioso» para Dulcinea, a la que se le entregó una parcela municipal para construir un CAI y explotarlo durante 50 años. En cualquier caso, hizo hincapié en que «creo que hay argumentos a favor del Ayuntamiento en este asunto».
De modo similar se mostraron desde el resto de la bancada de la oposición, apuntando el edil de Cs Alejandro Llanos que la demanda de Servicios Infantiles Dulcinea resulta «abusiva», mientras que la portavoz del PP, María Antonia Berlanga, advirtió de que «el silencio administrativo quizás no sea suficiente ante el juez» para rechazar la renuncia de Dulcinea y lamentó que el grueso de la documentación sobre este asunto les llegara ayer mismo, horas antes del Pleno.
luces navideñas. En otro orden de cosas, el Grupo Municipal Popular solicitó ayer la comparecencia de la edil de Festejos, Celia Villaverde, para responder por la polémica generada en estos días de atrás con motivo de la instalación del alumbrado especial navideño. La propuesta salió adelante por unanimidad del Pleno, por lo que Villaverde comparecerá ante la Corporación municipal en la próxima sesión plenaria de carácter ordinario, en este caso ya de cara al próximo mes de diciembre.

 

FerroSolar verá bonificado el ICIO en un 95%. El Pleno del Ayuntamiento de Puertollano aprobó por unanimidad conceder a la empresa FerroSolar Opco Group la bonificación provisional del 95 por ciento del Impuestos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) liquidado, que se corresponde con las dos licencias de obras concedidas por parte del Consistorio para la construcción de una nave industrial y oficinas en el parque empresarial La Nava II, equivalente a 284.244,26 euros y 249.755,03 euros, respectivamente, hasta que la entidad interesada acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para su concesión de creación de un mínimo de 75 puestos de trabajo indefinidos a jornada completa a 27 de septiembre de 2019 y mantenerlo durante cuatro años. El 5 por ciento del ICIO restante, por importes de 14.960,22 euros y 13.145,00 euros, se abonarán de forma inmediata. El edil de Promoción Económica, Carlos Mora, manifestó que «estamos ante un proyecto que esperamos con entusiasmo» y añadió que esta bonificación se incluye en el paquete para atraer inversiones a la ciudad. En relación a la creación inicial de 75 empleos, aclaró que es el mínimo que fija el convenio para acceder a la bonificación, y espera que sean más.

 

Tenso debate entre López y Peña por la Cañada Real. El momento más tenso de la sesión plenaria se vivió durante la comparecencia del concejal de Urbanismo, Miguel Peña, a petición del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Pleno de octubre para responder por las obras de urbanización finalizadas recientemente en el tramo final del polígono Industria Escaparate, en concreto en el tramo que afecta a la Cañada Real Soriana. El portavoz de Cs, Rafael López, criticó que los trabajos se iniciaran sin contar con la autorización del Gobierno regional por tratarse de una vía pecuaria y que las modificaciones realizadas sobre el proyecto superen el 10 por ciento, algo que a su juicio no es legal. Asimismo, el líder de la formación naranja apuntó que estos trabajos solo han beneficiado a los dos únicos propietarios de la zona, los cuales han puesto sus parcelas a la venta «ahora que se han revalorizado los terrenos». Por su parte, Peña señaló que los trabajos «se han ajustado en todo momento a la normativa vigente», reconociendo que en un principio no se pidió autorización a la Junta al considerarlo así los técnicos municipales. Y añadió que una vez terminadas las obras, técnicos autonómicos las visitaron y verificaron que se habían hecho conforme a sus indicaciones. 

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