La ley antitabaco cumple dentro unos días nueve años con un 60% más de infracciones graves detectadas en la provincia de Ciudad Real.

El 30 de diciembre de 2010 se aprobó la ley antitabaco más restrictiva y el 2 de enero de 2011 entraba en vigor envuelta en la polémica y la protesta de uno de los sectores más afectados: la hostelería.

Era el adiós al tabaco en todos los locales de uso público cerrados sin excepción alguna para poner freno a un hábito nocivo para la salud. Para muchos era impensable que por el mero hecho de prohibir fumar en los lugares cerrados los fumadores empedernidos iban a dejar este hábito. Pero lo cierto es que nueve años después muchos han dejado el tabaco. No obstante, hay quien no ha conseguido dejar este vicio y también hosteleros, sobre todo de bares y discotecas, que siguen rebelándose. Así, las multas por fumar en lugares donde no está permitido aumentaron un 13% el año pasado con respecto al anterior en la provincia de Ciudad Real. Sin embargo, en lo que va de año se ha registrado un leve descenso, aunque se han incrementado más de un 60% las infracciones de carácter grave.

Según los datos facilitados a La Tribuna por la Dirección Provincial de Sanidad,  los expedientes sancionadores en materia de tabaco incoados desde el 1 de enero de este año hasta el día 12 del pasado noviembre se elevan a 130, 78 de ellos de carácter grave y 52 leves. En 71 casos han concluido y 59 están aún sin finalizar. La cuantía de las sanciones impuestas por los expedientes abiertos ya finalizados asciende a 27.053 euros. En 2017 las multas por fumar fueron más y por ello también fue mayor la recaudación: 194, de los cuales 103 eran graves y 91 leves. El total  de las sanciones se elevó a 42.200 euros.

Según el informe, la mayoría de los expedientes graves se imponen a los titulares o encargados de los establecimientos por infracción a la ley antitabaco, esto es, por permitir fumar a los clientes. Las inspecciones son de carácter preventivo con el único ánimo de velar por el cumplimiento de la ley proteger el derecho a la salud de los ciudadanos.

El 80% aproximadamente de los expedientes tramitados son como consecuencia de actas levantadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el resto de los expedientes son consecuencia de las actas levantadas por los inspectores de la Dirección Provincial de Sanidad.