Pedimos al Gobierno que no genere confusión en automoción

JAVIER D. BAZAGA (SPC)
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El anteproyecto de ley de cambio climático del Gobierno ha puesto de uñas al sector de la automoción porque contempla la prohibición de matricular vehículos con motores de combustibles fósiles (gasolina, diésel y gas), incluidos los híbridos

¿Qué es lo que más ha molestado a todo el sector acerca del anuncio del Gobierno, el fondo o la forma?

Nosotros tenemos un gran respeto por el Gobierno. Coincidimos con él en su objetivo de descarbonización y de transición hacia una nueva economía y una nueva movilidad, pero discrepamos de la política de comunicación que está generando desconcierto entre los usuarios, clientes y ciudadanos. Creemos que está creando confusión en un tema muy serio que requiere un trabajo acorde. Necesitamos una estrategia de descarbonización, saber hacia dónde vamos y cómo aunamos tres elementos: la descarbonización en sí, el apoyo a las inversiones en las fábricas nacionales, porque España es uno de los líderes mundiales en fabricación de automóviles y el apoyo que tendrá el vehículo eléctrico.

 

¿Es cierto que se enteraron de los planes de Industria por la prensa?

Hemos tenido múltiples reuniones: con la ministra de Transición Ecológica, con la directora de la Oficina de Cambio Climático tres días antes del anuncio, con Energía y con el Ministerio de Industria, con el que tenemos encuentros semanales. Pero sí, nos enteramos por la prensa. Lo que pedimos al Ejecutivo es moderación en la comunicación y que lance un mensaje claro que no hemos oído, que lo importante es seguir renovando el parque español que es muy viejo. Hace falta esa claridad para evitar que los ciudadanos se compren coches viejos por 500 euros ante el riesgo que pueden asumir con la adquisición de un modelo de nueva tecnología y bajas emisiones. 

 

Tradicionalmente las relaciones del sector de la automoción con los sucesivos responsables gubernamentales han sido buenas…

Y siguen siendo buenas. Esto es una discrepancia, pero sabemos que el Ministerio apoya a la industria de la automoción, aunque creemos que esta dinámica de comunicación no es la más oportuna. Hay iniciativas del Gobierno que valoramos, pero en el tema del cambio climático y la movilidad pensamos que hay que gestionar con más moderación la información y, por otro lado, pedimos que escuchan más al sector. Estamos convencidos de que podemos aportar propuestas y ahí estamos un poco decepcionados.

 

En una reciente comparecencia suya en el Congreso decía que las previsiones más optimistas para el coche eléctrico hablaban de un 25% de implantación para 2023 y un 50% para 2050. ¿Esto encaja con las palabras de Pedro Sánchez?

No encaja. Primero, a mí me parece ciencia-ficción hablar con la vista puesta en 2040 porque no sabemos cómo va a ser el mundo, la movilidad y el transporte en ese momento. Pero creemos que es un error partir de las prohibiciones. Hay que hacerlo en positivo hacia dos objetivos: la renovación del parque con coches de bajas emisiones y de cero emisiones y, dos, el apoyo al vehículo eléctrico con puntos de recarga y una fiscalidad atractiva. Además, ningún país equiparable al nuestro, como Francia, Italia y Alemania, se ha hecho un proyecto de ley que contemple prohibición de las ventas, algo que, además, pienso que es compatible con el mercado único.

 

Entonces, ¿cuál es el mensaje que el Estado debería lanzar al consumidor español y al sector nacional?

El mensaje que nos gustaría oír del Gobierno es que es importante renovar el parque móvil español. Comprar un modelo nuevo diésel o gasolina es una buena opción porque contamina mucho menos que un coche viejo y es más seguro. Y nos gustaría oírles decir que van a trabajar juntos, con los inversores y los fabricantes, para acompañar a esta industria en esta travesía. Acompañar significa inversiones, dotaciones presupuestarias. Por ejemplo, en el Reino Unido se han puesto en los dos últimos años 1.000 millones de euros para la compra de vehículos eléctricos y Francia tiene un proyecto de 500 millones para renovación del parque hacia vehículos eléctricos y de combustión, pero nuevos. En España, llevamos desde 2009 un total acumulado de 74 millones. Este año, y ojalá me equivoqué, va ser el primero desde hace nueve que no se lanza un programa de ayuda a vehículo eléctrico. El Gobierno lo anunció para octubre, pero ya ha pasado el tiempo y me temo que no va a salir en este año. Esperamos que salga el que viene.

 

¿Cree que la declaración del presidente pone en peligro el compromiso de las marcas con España, posibles futuras inversiones?

En 2030, van a coexistir combustión y tecnologías alternativas, incluyendo la eléctrica. Pero no olvidemos que el mundo va a seguir necesitando motores de gasolina y diésel de bajas emisiones. Creo que España quiere mantener su capacidad de producción para exportar a todos estos mercados. Sin embargo, es difícil pensar que en 2040 se produzcan vehículos para exportar que no se puedan vender en nuestro país. Y es complicado imaginar que un fabricante tome esa decisión. Hay una gran batalla geopolítica, con el proteccionismo y los aranceles, y este sector necesita un pensamiento respecto a lo que está pasando en el mundo. Y existe un conflicto también entre los países productores para atraer más inversión, adjudicaciones de modelos de bajas emisiones y de cero contaminación. Queremos que España mantenga la ambición de estar en el grupo de cabeza.

 

¿Ustedes abogan por una legislación europea de movilidad única más que por una nacional?

Totalmente. Aquí nos encontramos con que si este anteproyecto se convierte en ley, serán cuatro las normas de cambio climático que convivan en España. La del anteproyecto anunciada la semana pasada, la ley de cambio climático de Cataluña, que ya está aprobada, la de Baleares, que se está tramitando en el Parlamento autonómico, y la nueva que se acaba de presentar en Andalucía. Además, desde Europa, se está legislando de una manera diferente. La UE está estableciendo unas reducciones de emisiones para el año 2025 y para el 2030, con unos requisitos muy exigentes. Creemos que hay suficiente con la legislación europea que ya es más rigurosa que la que hay en Asia, en China y la de Estados Unidos. Debe imperar la unidad de mercado en España y también en Europa. No puede ser que un coche sea considerado bueno en Alemania y malo en España o viceversa. Eso no conduce a nada.

 

¿Cree que la industria nacional se está adaptando bien para ser competitiva y pujante en el futuro?

Nosotros hemos recibido como herencia de nuestros padres y abuelos una industria de automoción muy potente, con 17 plantas y en ocho comunidades autónomas más la industria de componentes y todo el sector comercial. Se han hecho bien las cosas por parte de todos, las empresas, trabajadores, sindicatos… Tenemos que preguntarnos si nuestros nietos recibirán el mismo legado. Hasta ahora, en España hemos sufrido deslocalizaciones en otros sectores industriales, pero no en el de la automoción. Somos los segundos de Europa y hay que mantener ese liderazgo e, incluso, ambicionar ir a más. Dependerá de la evolución de los mercados y de cómo de competitiva sea la economía nacional. Y ahí es importante la política industrial y la transición ordenada.

 

¿Estima que al coche se le ha dado un tratamiento mediático injusto cuando se habla de cambios y matizo más citando la contaminación?

Creo que ha habido una demonización del coche tanto por las emisiones de CO2 como por la contaminación del aire. Y nosotros no negamos nuestra parte en ambos problemas, pero sí pensamos que somos parte de la solución con nuevas tecnologías y los vehículos actuales de bajas emisiones. Es verdad que no hemos sido muy buenos en hacer pedagogía para explicar la diferencia entre un coche nuevo y uno antiguo. No lo hemos hecho bien, no hemos sabido explicar que el diésel emite menos CO2 que la gasolina y que dos cosas tienen que ir de la mano: el CO2, el cambio climático y la calidad del aire, el efecto local de los gases que emiten los coches. Creo que hay que tener un enfoque integral de todos estos elementos.

 

¿Considera que está cambiando la relación que existe entre el usuario y el vehículo y que esto va a ser determinante en el futuro?

Totalmente. Estamos en una transición absoluta. Primero, en lo que se refiere a la tipología y a la tecnología del vehículo del futuro. Ahí pedimos neutralidad tecnológica, es decir, consideramos que todas las tecnologías son adecuadas si van hacia cero y bajas emisiones. Luego está el coche autónomo, que se conduce sí mismo. Y, en tercer lugar hay que hablar de la relación del cliente con el vehículo que conduce. En entornos urbanos vamos hacia servicios de movilidad en lugar de ser propietarios de un coche. Somos partidarios y apoyamos todas las iniciativas de carsharing (coche compartido), pero España no solo es Madrid y Barcelona. En los entornos rurales seguirá habiendo otras necesidades que esta alternativa de movilidad no cubre.

 

En Madrid está a punto de entrar en vigor el plan del Ayuntamiento para prácticamente cerrar al tráfico el centro de la ciudad. ¿Qué opina de las intenciones del Gobierno de extender ese modelo o uno parecido a las ciudades de más de 50.000 habitantes para 2023?

En junio, propusimos al Gobierno la creación de una Mesa de movilidad con todos los ministerios involucrados. Les gustó la idea, pero lo cierto es que no se ha convocado nunca. Creemos que hay que incidir en la fiscalidad. Hoy por hoy, el vehículo eléctrico sigue pagando el impuesto de circulación. Abogamos por una tributación europea y le hemos pedido que los Estados europeos pueden sacar un IVA reducido para la adquisición de modelos eléctricos. 

 

¿Valora que el Ejecutivo de un país que es la segunda potencia europea en fabricación de vehículos debe ser la punta de lanza de la transición ecológica de este sector?

Le pedimos al Estado que tenga política industrial. No creemos que haya que dejar este asunto a una transición natural, pero tampoco hay que acelerarla ni forzar los plazos. Hace falta una política industrial para ver qué incentivos se pueden poner en marcha para atraer a España la fabricación de vehículos eléctricos, como ya se hace en Francia, Inglaterra y Alemania. 

 

¿Qué mensaje enviaría a los trabajadores y a los usuarios? ¿Tienen que estar preocupados?

Me gustaría enviar un mensaje de tranquilidad a los 20 millones de propietarios de vehículos diésel porque nadie les va a prohibir mañana circular con su vehículo. También unas palabras a las 2.000 personas que se han comprado ahora un vehículo con motor de combustión. Y mensaje de calma, además, a las 300.000 personas que trabajan en el mundo del automóvil en todo el país que hacen posible que hoy se hayan fabricado en nuestras factorías unos 5.000 vehículos. Pero lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos, administración, fabricantes de automóviles y de componentes, para prepararnos a ese entorno diferente. Estamos en un momento disruptivo. En los próximos años, en pocos, el sector va a cambiar más que los últimos 50. Intentemos que España como país salga ganador.