En el año 2002, la construcción dejó de lado uno de los materiales que hasta entonces había estado presente en múltiples elementos del día a día de inmuebles e infraestructuras: el amianto. Desde ese año, en que se dejó de comercializar la última de sus variedades, el crisotilo, son muchos los informes que han avalado los problemas que la exposición continuada a estas fibras naturales producen en la salud, y se ha ido acometiendo su retirada o sustitución de manera paulatina. En los últimos ejercicios, esos trabajos se han intensificado, también en la provincia de Ciudad Real, donde en el presente año, en los nueve primeros meses, se aprobaron el doble de planes de actuación para su retirada que en todo el año 2015. En los últimos cuatro ejercicios, a falta eso sí de cerrar 2018, en la provincia de Ciudad Real se han puesto en marcha 171 planes de actuación para la retirada de amianto de diferentes espacios privados y públicos, y 25 de esos planes se han puesto en marcha desde la propia administración pública. Sólo en el presente año se han puesto en marcha más de medio centenar de ellos, cinco promovidos por la administración.

Pese a tratarse de una cuestión medioambiental y de salud pública, las autorizaciones para los planes de trabajo que conllevan el contacto con estructuras que contienen amianto dependen en Castilla-La Mancha de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Fuentes de la propia Consejería explicaron a este diario que en estos trabajos se aplica el Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo, que establece «las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la protección de los trabajadores contra los riesgos derivados de la exposición del amianto durante el trabajo», así como a los materiales que lo contengan. Es decir, que si una empresa va a acometer una obra en la que se incluye la retirada o sustitución del amianto, debe tramitar el permiso correspondiente.

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