Acaban de cumplirse cinco años de la entrada en vigor de la Ley 42/2010, de 30 de diciembre. Una normativa que vino a endurecer la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, conllevando, a partir del 2 de enero de 2011, la prohibición de fumar en bares, restaurantes y otros locales de ocio y desatando un gran impacto mediático (atrás quedaron las 30.000 firmas que recogieron en su contra los hosteleros ciudadrealeños) con el 'destierro' de los ceniceros. Pero, en este lustro, su quebrantamiento ha sido una realidad que ha llevado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a abrir hasta 845 expedientes (una media de dos al día) a establecimientos, en su inmensa mayoría de hostelería, y particulares de la provincia de Ciudad Real con una recaudación cercana a los 285.000 euros, la quinta parte -54.226 euros- en el año que acaba de cerrar.
Las 191 sanciones incoadas (160 llevadas a efecto) en 2015 después de que los inspectores, así como las fuerzas y cuerpos de seguridad, constataran infracciones, son un 24 por ciento más que las impuestas en 2014. Ese año, según la información facilitada a este diario por la Consejería de Sanidad, se registraron un total de 153 multas. No obstante, después de que 2011, que dio la bienvenida con nuevas restricciones, se tramitaran 75 expedientes, los años 2012 y 2013 concentraron el grueso de los procedimientos con 201 y 224 respectivamente.
La desobediencia pasa factura y puede llegar a salir cara, a pesar de que la mayor parte de los expedientes iniciados -el 52 por ciento- fueron de carácter leve. De este modo, sólo 2014 (con 96 graves, el 62,7%) se reveló como la excepción que confirma la regla y dejó a las arcas autonómicas unos ingresos superiores a los 73.355 euros elevando a buen seguro los 'malos humos' de los sancionados. Un año antes, en 2013, estos ascendieron a 80.535 después de unos 2012 y 2011 con recaudaciones bastante inferiores: 58.727 y 17.554 euros.
de 30 a 10.000 euros. Las multas están relacionadas con el consumo, venta, suministro y publicidad del tabaco. Así, se penaliza desde la mala señalización en locales hasta la permisividad de fumar en ellos. En este sentido, las infracciones de carácter leve, con castigos que oscilan entre los 30 y 600 euros, son, entre otras, las que cometen quienes dan una calada en lugares vetados o fuera de las zonas habilitadas a tal efecto.
Además, si el hostelero no informa en carteles visibles de la prohibición de venta de tabaco a menores de 18 años también puede ser sancionado. Del mismo modo que si las máquinas expendedoras no cuentan con la preceptiva advertencia sanitaria. Un capítulo que ha conllevado seis penalizaciones de 200 euros por establecimiento.
Las graves -con sanciones de entre 600 y 10.000 euros- se reservan para otros comportamientos transgresores. Habilitar espacios para fumar en bares y restaurantes es uno de ellos y el más común. La acumulación de tres infracciones leves también lo es. Al igual que no disponer del mando de activación a distancia de las máquinas. Cabe destacar que desde que entrara en escena la reforma de la ley antitabaco, en Ciudad Real no se ha abierto ningún expediente por una conducta muy grave, es decir, por promoción y patrocinio del tabaco; una infracción de envergadura que se puede llegar a pagar con 600.000 euros y nunca con menos de 10.000.
Cualquier persona tiene derecho a poner en conocimiento de la Administración regional las vulneraciones de la normativa. Puede ser el cliente de un establecimiento o su propietario, puesto que éste puede ser sancionado si no impide fumar a los adictos a la nicotina que se saltan a la torera la ley. Pero, en base a los datos manejados por la Consejería de Sanidad en la provincia, la Policía Local y la Guardia Civil, con el 54 y 43 por ciento de las actuaciones, respectivamente, son los más delatores.
El malestar de los hosteleros con el endurecimiento de la ley antitabaco en 2011 se agravó porque muchos venían de hacer importantes inversiones obligados por la normativa de 2005 que imponía la creación de espacios sin humos. Una media que, de la noche a la mañana, llevó a los dueños de los establecimientos a encontrarse con que las mamparas y extractores de humos que habían colocado no valían para nada.
Pero, frente al perjuicio económico de sectores como el hostelero, están los beneficios para la salud. La prohibición de echar humo por la boca en bares, restaurantes y otros locales de ocio ha traído consigo inevitables cambios de hábitos sociales que, en el lustro transcurrido desde entonces, han ido consolidándose para gran beneficio de los fumadores pasivos.
Eso sí, un reciente estudio realizado por científicos de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria revela que los niños son los principales perjudicados desde que el Gobierno endureció la ley antitabaco, dado que los padres fuman más en sus hogares y en los coches en presencia de los pequeños.