«Tenía plena confianza en ellos», declaró ayer el socio inversor de la residencia de mayores Andamarc que ha sentado en el banquillo a dos de sus socios por presunta estafa, apropiación indebida, administración desleal y falsificación de documentos. «Creí en su solvencia. Se presentaban como dos empresarios de éxito dando a entender que tenían muchos contactos empresariales y políticos». De hecho, «andaban por el Ayuntamiento de Ciudad Real como Pedro por su casa». Así lo declaró ayer Alfonso Manzanares en la segunda sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial contra Heliodoro Marco Reina y Daniel Rivas tras diversos problemas y vicisitudes ajenos a la Sala.

El socio inversor trató de desmontar la tesis de los acusados, que se han declarado inocentes e incluso víctimas, sobre todo en el caso de Marcos Reina.

Durante una larga hora de interrogatorio, el ahora socio mayoritario de Andamarc (residencia que se levanta frente al Hospital General de Ciudad Real) aseveró que a día de hoy ha invertido más de cinco millones de euros, ascendiendo la deuda que le dejaron a más de seis.

El jefe de la Fiscalía, Luis Huete, que ejerció el Ministerio Público, hilo fino en su interrogatorio a los siete testigos que subieron al estrado consiguiendo arrojar luz sobre un asunto un tanto enmarañado.

Aparte del ahora socio mayoritario, testificaron Antonio Izquierdo, director de Quirón Salud Ciudad Real, Crescencio Pérez (empresario del sector de la electricidad), Ricardo Moraleda (técnico de Arquitectura), Ramón Rodríguez (empresario cocinas, montajes), Alfonso Espinosa (sector mobiliario) y Cándido Simarro (asesor, contable).

El principal testigo y actual socio mayoritario de Andamarc relató los hechos desde el momento en que se pusieron en contacto con él «porque necesitaban socios inversores» para levantar la residencia de mayores. Según declaró, los acusados pusieron 200.000 euros cada uno para afrontar una inversión de ocho millones (levantar la citada residencia). «Necesitaban socios inversores, tantearon a varios, entre ellos yo, que confié en ellos». Aseguró que «no tenía ni remota idea de lo que ocurría» en relación con otras supuestas empresas, facturación, a que firmaron presuntamente contratos de obra con la constructora Encoman SL y con Calidad Mancha. «Les pregunté y al final me dijeron que eran ellos». Según su versión, cuando se enteró de qué estaba pasando «la urgencia era sacarlos de la organización», aseveró el socio mayoritario tras reiterar que «se me cayó la venda de los ojos cuando vi el pago de 1.700.000 euros a una empresa que resultó ser de ellos. Era la única que había cobrado». Supo de supuestos sobrecostes cobrados. Fue entonces cuando, según su testimonio, les dijo que «el proyecto era el de la residencia, demasiado grande, y que hasta que no saliera a flote no podían acometer otras fases».

Aseguró que ha sufrido mucho y aseveró al Tribunal que «no hay tiempo para explicar el daño que me han provocado». Con la misma aserción dijo que ha estado tres años largos sin dormir. «Pensaba que tenía todo resuelto y ahora sólo tengo deudas», remarcó para a renglón seguido aseverar: «Me han complicado la vida».

Cuando consiguió los datos, a la vista de documentación pudo observar que se habían quedado sin capacidad económica. «Me habían arruinado, me habían estafado». En la actualidad es el socio mayoritario, tiene el 77% de las participaciones. «Siempre he hecho negocios con gente honrada».

Antonio Izquierdo relató que los ahora acusados le propusieron un tercio de las participaciones de la sociedad porque necesitaban un socio tecnológico. También propició que accedieran a la financiación a través de Globalcaja sin cobrar un céntimo. Había un proyecto y se negoció el préstamo, dijo tras aseverar que desconoce el resto de la historia, como los otros testigos. El asesor y contable del ahora principal socio fue más allá al señalar a los acusados e incluso en poner en tela de juicio la actuación de una conocida notaria. «Me da vergüenza contar esto, pero creo que puede ser útil para sus señorías», dijo el testigo tras declarar que les costó conseguir toda la documentación, que se había facturado a sociedades de los encausados, entre otras cosas.

El fiscal pide tres años de cárcel y dos millones de responsabilidad civil. La acusación particular sólo acusan a Reina y piden hasta ocho años de cárcel.