Un total de 14 de los 102 ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real no cumplieron con el objetivo de estabilidad presupuestaria el ejercicio 2017, según la información que los propios municipios han remitido al Ministerio de Hacienda. Los datos ofrecidos hace unos días por el departamento que dirige María Jesús Montero, revelan que 59 consistorios sí cumplen con los requisitos recogidos por la normativa estatal y otros 29 aún no han remitido o no han firmado la información sobre la liquidación presupuestaria. La relación publicada por el citado organismo refleja que casi el 58% de los municipios de la provincia cumplió durante el ejercicio 2017 con los criterios de estabilidad establecidos por el Ministerio de Hacienda para las entidades locales, mientras que 13,7% terminó el año con un balance negativo en sus cuentas y, por lo tanto, incumplió la normativa estatal. Unos porcentajes que pueden variar en los próximos meses cuando se contabilicen los resultados de la treintena de consistorios que aún no habían facilitado su información, entre los que se encuentran, por ejemplo, Calzada de Calatrava, Poblete, Puebla de Don Rodrigo, Terrinches, Villahermosa y Villanueva de los Infantes. De momento, el grado de cumplimiento de los ayuntamientos ciudadrealeños es menor que en 2016, un ejercicio en el que tres de cada cuatro municipios, el 75%, presentaron unos números ajustados a los parámetros establecidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, conocida popularmente como ‘Ley Montoro’. Un año en el que nueve consistorios no llegaron presentar la información a Hacienda y otros 16 se saltaron el objetivo de estabilidad presupuestaria o la regla de gasto. Entre estos últimos se hallaban localidades tan importantes como Daimiel y Malagón, que en 2017, según los datos ministeriales, sí hicieron bien los deberes. Sólo tres municipios repiten incumplimiento respecto a 2016: Agudo, Alamillo y Manzanares. El alcalde de esta última localidad, el socialista Julián Nieva, asegura que si el Ayuntamiento no hubiera incumplido la regla de gasto, «no podría haber ejecutado inversiones para recuperar la ciudad ni políticas sociales y de empleo para recuperar a las personas». (Más información en la edición impresa)