El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Castilla-La Mancha apuntó este miércoles que nos encontramos en el límite de poder anticiparnos a la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) para que España pueda reclamar sus intereses en Bruselas en el próximo consejo de ministros de la Unión Europea.
Es por eso que llevó al Ministerio de Agricultura la necesidad de abordar ya las cuestiones «políticas» que requerirán del consenso de las comunidades autónomas para poder llevar la posición común del país. «Se está haciendo un muy buen trabajo técnico», valoró, pero al tiempo aseguró que «es necesario tomar decisiones políticas».
Francisco Martínez Arroyo citó cuatro aspectos «políticos» sobre los que vio la necesidad de avanzar como decidir si vamos a un modelo que mantenga los derechos históricos o a un modelo de convergencia, por el que se decantó ya en el documento de posición común de Castilla-La Mancha, por el que un olivicultor del valle de Alcudia, obtenga las mismas ayudas que uno de Los Pedroches, en Andalucía, ya que «hoy eso no es así».
También la definición de «agricultor genuino» que determinará la percepción de las ayudas a los agricultores, el establecimiento de un techo de ayudas por explotación o la gestión de los pagos redistributivos para las explotaciones. Cuestiones que «deben estar en el debate político» y que a juicio del consejero se debe iniciar «cuanto antes». «Estamos en el límite para anticiparnos a los acontecimientos», alegó.
Arroyo defendió que en Castilla-La Mancha «hemos hecho los deberes» anticipándose a ese debate interno para definir la posición de España que esperó se tengan en cuenta las demandas de la región porque «son las que el conjunto de la ciudadanía están demandando». Sin embargo, reconoció que el ministro Luis Planas «no lo tiene fácil» porque «España es un país complicado» para adoptar esa posición común. No obstante, es una necesidad intentar adoptar esa posición común y mayoritariamente respaldada por las comunidades para defenderla con fuerza en Bruselas.
Será el 21 de enero cuando se celebre un consejo consultivo de Agricultura monográfico para abordar esta posición política común para decidir si derechos históricos o convergencia, definir al agricultor genuino o determinar o no un techo de ayudas por explotación.