El Tribunal Supremo, con su sentencia sobre la plusvalía, da «un pequeño varapalo» a los consumidores. «Enmienda un poco la plana al Constitucional, que habla de una inconstitucionalidad de tres artículos y el Supremo dice que uno es nulo pero que los otros dos son nulos de forma parcial sin entra a valorar la fórmula de cálculo», explica a este diario el abogado Antonio Muñoz, quien asegura que están esperando la resolución del Supremo respecto a la fórmula matemática, ya que puede cuestionar la plusvalía municipal.
Según el letrado experto en la jurisdicción civil, «si la sentencia del Alto Tribunal anula la fórmula de cálculo de la plusvalía se podría entrar, es decir, hayas pagados a pérdidas o ingresos, se podrá reclamar.
El Supremo no se ha decantado al respecto aún y por ello están expectantes, ya que la última sentencia dada a conocer la pasada semana ha supuesto un jarro de agua fría para cientos de contribuyentes que habían reclamado o esperaban poder reclamar a los ayuntamientos la devolución del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), popularmente conocido como plusvalía municipal, tanto en los casos en que vendieron una vivienda a pérdidas como en los que la transacción les generó una ganancia.
El letrado explica que la batalla en los tribunales la iniciaron las mercantiles. Estos procedimientos vienen de una entidad financiera y otras sociedades que al pagar los impuestos de plusvalía, de varios terrenos suyos en el caso de la banca, empezaron a pleitear. A raíz de ello, los administradores se pueden beneficiar.
No obstante, el especialista en Derecho Civil insiste en que están pendientes de la resolución del Supremo respecto a la fórmula de cálculo del impuesto. «Si la anula entonces se podrá reclamar todo. Pero de momento los únicos que pueden reclamar son los que tienen pérdidas», reitera.
En su despacho tiene una treintena de casos y de momento ha conseguido que el ayuntamiento devuelva gran parte de lo reclamado. La sentencia publicada la semana pasada se inclina a favor de los ayuntamientos. El letrado la resume en cuatro premisas haciendo hincapié en una de ellas, en la que sólo se puede reclamar en caso de pérdidas, algo que espera que se anule.