El Gobierno aprobó ayer, en el último Consejo de Ministros celebrado antes de las vacaciones, el proyecto de ley de reforma fiscal que supondrá la devolución de 9.000 millones de euros al contribuyente en los próximos dos años y aliviará la carga fiscal de 20 millones de españoles. Así lo anunció en Moncloa el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, durante la presentación del balance de las reformas realizadas durante los últimos dos años y medio.

Una de las principales novedades incluidas en el cambio tributario es la relacionada con la exención de pago de impuestos por despido si la indemnización no supera los 180.000 euros. Esta medida, de aplicación inmediata, evitará que el 99,9 por ciento de las personas tengan que tributar al ser cesadas de su puesto laboral. Además, si hasta ahora solo obtenían la reducción del 30 por ciento quienes cobraban la indemnización por despido en una sola vez, ahora también podrán disfrutar de esta ventaja fiscal aquellos que fraccionen los pagos.

Asimismo, el texto recoge una exención para las ganancias derivadas de la venta de patrimonio a los contribuyentes mayores de 65 años, si el beneficio obtenido no supera los 240.000 euros y si se destina a rentas vitalicias que complementen la pensión.

El líder popular valoró el «contenido social» de la reforma, ya que beneficia a aquellos que tienen las rentas más bajas. Así, subrayó que quienes ganen menos de 12.000 euros anuales dejarán de pagar el IRPF. Además, el Gobierno calcula que las personas que declaran una cantidad inferior a 24.000 euros podrán obtener una rebaja media del 30 por ciento en dos años. Este punto de la reforma afectará a más del 70 por ciento de la ciudadanía.

 Además, regula nuevas ayudas por pertenecer a familias numerosas o estar al cargo de discapacitados, en este último supuesto pueden llegar a obtener 1.200 euros por cada ascendiente o descendiente con discapacidad.

En lo que respecta a las empresas, la reforma contempla una rebaja del Impuesto de Sociedades de cinco puntos en dos años. Asimismo, se suprimen algunas desgravaciones, se potencia la inversión en I+D y se pone a disposición de las empresas una nueva rebaja por reserva de capital que facilitará aumentar las provisiones y reducir el endeudamiento.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. El Gobierno, por otro lado, retrasa las reformas relacionadas con los impuestos autonómicos y locales y la modificación de la financiación regional a principios de 2016 por «falta de recursos». Aunque según reconoció Rajoy, su primera idea era sacar adelante una reforma fiscal integral que fuese unida al nuevo modelo de financiación autonómica.

Tras mantener conversaciones con expertos y con presidentes de los distintos territorios se acordó que no era el mejor momento. El principal motivo, tal y como señaló el presidente, es que «todavía estamos en un proceso de reducción del déficit público» y, por tanto, dicho cambio queda pospuesto para la próxima legislatura.

Sin embargo, se aventuró a afirmar que, a pesar de las ventajas tributarias que se aprobaron ayer, España cumplirá con el objetivo de déficit del 5’5 por ciento fijado para este año. La nueva normativa supondrá la devolución de 9.000 millones de euros al bolsillo del contribuyente en los próximos dos años, pero el Ejecutivo confía en que estos beneficios supongan también un aumento del consumo privado y de las inversiones. Así, espera que revierta también en las arcas públicas.