Todos los grupos parlamentarios de la oposición se unieron ayer para suscribir un recurso de inconstitucionalidad contra la prisión permanente revisable incluida en el nuevo Código Penal que hoy entra en vigor, al entender que se trata de una pena «inhumana, populista y caracterizada por su inseguridad jurídica».
Diputados del PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y Compromís, junto a nacionalistas catalanes (de CDC y de UDC), vascos (PNV), canarios (Nueva Canarias) y gallegos (BNG), estamparon sus rúbricas en el recurso que fue anunciado en el Congreso, antes de ser presentado ante el Tribunal Constitucional.
Así, el secretario general del Grupo Socialista, Miguel Ángel Heredia, advirtió de que el nuevo texto penal «no se va a aplicar nunca en nuestro país», y que «en cuanto Mariano Rajoy salga del Gobierno, habrá una nueva mayoría» que lo derogará.
A su juicio, existen motivos más que de sobra para cuestionar una docena de artículos relativos a esta «cadena perpetua», que chocan «frontalmente» contra cuatro preceptos de la Constitución: la prohibición de penas inhumanas o degradantes (artículo 15), los principios de seguridad jurídica, libertad y legalidad (9,17 y 25.1), así como la reinserción social a la que deben orientarse las penas (25.2).
Para el parlamentario de la Izquierda Plural José Luis Centella, el PP ha abierto un «debate peligroso» al apostar por un «Estado autoritario» y por medidas que se revelan «ineficaces» para combatir eficazmente el terrorismo y la delincuencia.
Por su parte, el diputado de UPyD Rafael Calduch apuntó que España es uno de los pocos países occidentales que obliga a cumplir íntegramente las condenas a los terroristas, pero que, con la reforma, «cabría la paradoja de revisar sus penas» antes de que las cumplan en su totalidad. «Es un sinsentido. Queremos evitar que las víctimas de graves delitos vean salir a la calle a los causantes de su dolor, como ocurrió con la doctrina Parot», añadió el congresista de la formación magenta.
Desde CDC, Carles Campuzano puso de relieve que toda la oposición «dio la batalla» en el trámite parlamentario y, ahora, la dará en el Alto Tribunal contra este «populismo penal» y «error político» del Ejecutivo de Rajoy.
Conviene recordar que el Grupo Socialista, el único de la oposición con suficientes diputados para dirigirse al Constitucional, celebró la pasada semana una reunión con penalistas para definir la redacción del recurso contra la iniciativa que se alumbró en 2012 con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. La firma de diputados de otros grupos ya se utilizó contra la reforma laboral y contra la llamada ley mordaza.