El Sescam afirma que está cumpliendo con los dictados que marcan las sentencias y considera que el proceso iniciado para revisar de oficio a las miles de personas aprobadas en la OPE del año 2009 es suficiente. Así lo indicó el director de Recursos Humanos, Íñigo Cortázar, quien avanzó que el proceso de revisión de oficio iniciado en junio debe resolverse antes del 19 de diciembre. Cortázar contestó, de este modo, a la solicitud realizada por centenares de opositores que han pedido la ejecución forzosa de sentencia para que su fase concurso sea analizada solo con los opositores que aprobaron en su momento el examen de la oferta pública de empleo, no con todos los que aprobarían tras el cambio legal.
La decisión del Sescam llega tras un largo proceso que comienza en la convocatoria de la oposición, donde hubo dos notas de aprobado en el examen para acceder a la fase de concurso, la baremación de méritos, una para aquellas personas que ya trabajaban en el Sescam, menor, y otra para los que no, algo mayor. Esta decisión fue llevada ante los tribunales por algunos opositores y la justicia dictaminó en 2014 que era injusta. Posteriormente en 2016 hubo un segundo fallo contrario a este dictamen para la oposición del turno de personas con discapacidad, ante lo que se paralizaron las revisiones de sentencia que se estaban realizando y se optó por esperar un dictamen definitivo. El Tribunal Superior dictaminó que esa diferenciación entre opositores debería anularse en diciembre pasado y en febrero el Superior regional dictó sentencia. El Sescam optó, entonces, por hacer una revisión de oficio, lo que implica no solo revisar la nota de quienes demandaran sino la de todos los que aprobaron la prueba con la misma nota que hubo para los que ya trabajaban en el servicio de salud.
«Lo que está haciendo el Sescam se enmarca en dos aspectos fundamentales: primero finalizar este proceso de la OPE 2009 que ya va para diez años y en segundo lugar ordenar el procedimiento», dijo Cortázar, quien considera que «la petición de ejecución forzosa responde a una estrategia de la defensa, que representa a una serie de interesados pero que no representa a todos los interesados que son más de 11.000» y a los que debe dar respuesta la administración regional. El director se refiere así a la petición realizada por el despacho de abogados de Juana Ayala que pide la ejecución forzosa sin esperar a esa revisión de oficio.
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