El caso judicial de la antigua Caja Castilla-La Mancha, que en 2009 fue intervenida por el Banco de España, podría irse resolviendo en los próximos meses, al menos en lo que respecta a los responsables de la Comisión Ejecutiva. El fiscal ha iniciado diligencias para pedir el sobreseimiento del caso en lo que respecta a los integrantes de este órgano específico. Hay que recordar que en octubre del año pasado el juez Ruz imputó a siete miembros de la Comisión Ejecutiva por un posible delito de «administración desleal». En noviembre se produjeron las declaraciones en la Audiencia Nacional y antes de que pase un año el fiscal ya ha pedido el sobreseimiento y, por tanto, que se levante la imputación a los siete integrantes de la Comisión Ejecutiva.
Todavía es el juez Pablo Ruz el que tiene que tomar la decisión final de si mantiene la imputación o si la revoca. En caso de que siguiera la recomendación del fiscal, a partir de ese momento dejarían de estar imputados Federico Andrés Rodríguez Morata, exvicepresidente de la entidad financiera, Tomás Martín-Peñato (expulsado del PP tras negarse a abandonar la entidad), Florencio Fernández (exalcalde del PSOE de Urda), José María Fresneda (actual secretario general de Asaja), Emilio Sanz Sánchez (actual presidente del Consejo Consultivo en la región), Carlos Jiménez Morante (UGT) y José Fernando Sánchez Bódalo (exalcalde del PSOE de Alcázar de San Juan).
El representante de UGT en esa Comisión, Carlos Jiménez, confirmó ayer a La Tribuna que su abogado le había trasladado las diligencias iniciadas por el fiscal para pedir que se levantara la imputación en su caso y en el resto de sus compañeros. Explica que desde la Fiscalía han concluido que no existía «delito» en el trabajo realizado por la Comisión Ejecutiva de CCM. Además confía en que Ruz siga la recomendación del fiscal y levante la imputación, porque hace un año el juez les imputó precisamente porque así lo indicó el fiscal en su momento.
Carlos Jiménez, de UGT, es una de los integrantes de CCM a los que el fiscal pide que se levante la imputación - Foto: JUAN LAZARO En el supuesto de que esto ocurra y que se archive la causa judicial contra la Comisión Ejecutiva de CCM, esto no significaría un punto y final en el proceso en los tribunales de la antigua Caja Castilla-La Mancha. Todavía podrían seguir adelante las imputaciones de los dos máximos directivos de la entidad, el presidente Juan Pedro Hernández Moltó, y el director general Ildefonso Ortega, a los que Ruz abrió causa judicial en diciembre de 2010 por posibles delitos de estafa y falsedad contable.
Lo que declararon ante Ruz.
En otoño de 2013, el juez Ruz llamó a declarar a los siete integrantes de la Comisión Ejecutiva de CCM para preguntarles por el periodo comprendido entre julio de 2007 y marzo de 2009, al considerar que la aprobación en esas fechas por parte de este órgano directivo de «operaciones singulares» contribuyó a causar a la entidad un agujero de 267 millones de euros.
¿Y qué fue lo que le dijeron cuando fueron pasando uno tras uno delante del juez? Según fuentes jurídicas, Sanz argumentó ese día ante el juez que todas las operaciones aprobadas tenían informes previos favorables de los ejecutivos de la entidad.Según dijo, «confiábamos» en los técnicos de CCM y en las reuniones del Comité asistía el ya citado Ildefonso Ortega y el subdirector comercial, Miguel Ángel Martínez.
Carlos Jiménez, José María Fresneda y Sánchez Bódalo incidieron en el carácter representativo, y no ejecutivo, del Comité al que pertenecían. Como insistieron, «no tratábamos con clientes», apuntan fuentes consultadas. Asimismo, también volvieron a recalcar su desconocimiento de la ‘letra pequeña’ de las operaciones que llegaban a las reuniones del Comité.
Los tres restantes, Federico Andrés Rodríguez Morata, Tomás Martín-Peñato y Florencio Fernández, coincidieron en apuntar al Comité Superior de Riesgos como responsable último de todas las inversiones crediticias realizadas en este periodo. De esta forma apuntaron al exdirector general de la caja, el también imputado Ildefonso Ortega, que encabezaba el Comité de Riesgos. De hecho, Ruz volvió a llamar a declarar a Ortega en marzo de 2014.