La Diputación de Ciudad Real se ha adherido al Portal de la Transparencia Local, una iniciativa que han impulsado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el objetivo de favorecer el cumplimiento de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
El presidente de la Corporación provincial, José Manuel Caballero, firmó la adhesión al citado portal por vía telemática, un trámite con el que comienza a materializar el compromiso con la transparencia que expresó el pasado sábado durante su discurso de investidura, cuando también ofreció al grupo de la oposición un gran pacto contra la corrupción, ya que considera que «hay que combatirla antes de que aparezca».
Caballero se comprometió a adecuar la organización de la Administración provincial para la gestión de actividades necesarias que cumplan las obligaciones de publicidad activa y también el derecho de acceso a la información pública. Asimismo, la Diputación promoverá y controlará el suministro de información a los sistemas de información que servirán de fuente para algunos contenidos de la publicidad activa. Del mismo modo, se difundirán conocimientos a los usuarios y se velará por el cumplimiento del compromiso adquirido.
La adhesión al Código del Buen Gobierno de la FEMP constituye una de las medidas que contempla el gran pacto por la transparencia que ha ofrecido Caballero al grupo de la oposición, entre las que también mencionó en su discurso de investidura la publicidad de las declaraciones de bienes, actividades, rentas y patrimonio de los 27 diputados, así como de sus declaraciones de IRPF; el compromiso de suspender de inmediato en sus funciones a todos los electos que resulten imputados por corrupción política; publicar, respetando la ley de protección de datos, los nombres de las empresas proveedoras de bienes y servicios de la Institución; crear una comisión de control y seguimiento de la contratación pública, a la vez que se da publicidad a todo el proceso de contratación; y aprobar una ordenanza/reglamento de buen gobierno que regule de manera precisa todos los aspectos referidos al código ético, retribuciones, incompatibilidades, etc.