A finales del pasado mes de junio los administradores concursales del aeropuerto Central de Ciudad Real volvieron a rechazar la oferta del empresario murciano interesado en comprar el aeródromo y fijaron un nuevo plazo de venta que finalizó el 10 de julio y del que, hasta el momento, no ha trascendido ningún movimiento. Una circunstancia que, tras cinco incrementos en los plazos para la venta directa y una rebaja del precio de partida desde los 100 hasta los 90 millones de euros, ha despertado las reacciones de la concursada (los accionistas de CR Aeropuertos) y de Air Berlin, como acreedora de la infraestructura.

De este modo, y según ha podido conocer este diario, el abogado de la sociedad responsable del aeropuerto remitió ayer un escrito al Juzgado de Instrucción Número 4 de Ciudad Real con competencias en lo Mercantil solicitando que se aplique «un mecanismo modulador que posibilite la venta en el menor tiempo posible». Así, CR Aeropuertos estima que «si el precio mínimo de salida se situara en un horquilla en torno a los 60-70 millones de euros, y se efectuara la venta de forma directa, ello posibilitaría la concurrencia de otro tipo de inversores que barajan precios más atemperados a las circunstancias actuales del mercado, según ha podido constatar esta parte».

La comunicación de los accionistas se produce después de que Air Berlin, como acreedora del aeropuerto, remitiese el pasado 25 de junio una comunicación al mismo juzgado en el que instaba a los administradores concursales a «iniciar la venta unitaria de los bienes de la concursada a través del punto 2 del plan de liquidación»; es decir, bajo «régimen subsidiario de primera grado: venta en subasta pública privada por entidad especializada». Air Berlin, toda vez que el último plazo para la venta terminó hace una semana, sostiene que «la nueva ampliación de plazo (por ésta última) debe ser la última que se acuerde por ese juzgado, ya que ha quedado acreditado que las sucesivas prórrogas que se están llevando a cabo no han fructificado en su objetivo y no hacen sino incrementar los costes de la masa y los perjuicios que se causan a los acreedores», por ello piden que se dé por finalizado el apartado 1 de plan de liquidación de venta directa y que se pase la citada subasta. (Más información en la edición impresa)