El entorno soberanista ha incrementado en las últimas semanas su presión al Gobierno de Pedro Sánchez para que mueva ficha para resolver la situación de los «presos políticos y exiliados», un año después de los primeros encarcelamientos, de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, por el proceso soberanista.

El 16 de octubre de 2017, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela mandó a prisión por sedición a Sànchez -entonces líder de la ANC- y Cuixart -aún hoy presidente de Òmnium Cultural- por promover la manifestación del 20 de septiembre del año pasado ante la sede de la Conselleria de Economía, en Barcelona, en pleno registro de la Guardia Civil para desactivar los preparativos del 1-O.

Los Jordis, enviados en ese momento a la cárcel de Soto del Real (Madrid), fueron los dos primeros líderes soberanistas encarcelados y ahora, un año después, siguen en prisión preventiva en Lledoners (Barcelona). Ambos habían desempeñado un papel protagonista como miembros del núcleo duro que pilotó los preparativos del 1-O, si bien el independentismo sigue denunciando la «injusticia» de su encarcelamiento, debido a una movilización «pacífica» y que, a su juicio, no justifica las acusaciones de sedición y rebelión.