Los funcionarios contarán con un protocolo de actuación para prevenir la violencia verbal y física que sufren en sus puestos de trabajo y que ha crecido exponencialmente durante la crisis, el mismo también servirá para recibir atención y depurar responsabilidades en el caso de que las agresiones se acaben produciendo.
Este protocolo, que de momento se podrán en marcha como proyecto piloto en las oficinas de la Seguridad Social en Ciudad Real, ha sido promovido por el sindicato de funcionarios CSI·F junto con el Ministerio de Empleo. Según el texto suscrito en Ciudad Real con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Empleo contempla como violencia, «además de las agresiones físicas, las conductas verbales o físicas amenazantes, intimidatorias, abusivas y acosadoras».
En este sentido, la portavoz de CSI·F, María Ángeles Mur, aseguró que en el caso de la violencia presencial «se han dado casos desde agresiones con documentos que estaban a mano en ese momento, hasta amenazas con realizar grabaciones y publicarlas en internet, pasando por destrozos en los coches de los funcionarios o seguimientos». Mur hizo hincapié en que los funcionarios que trabajan atendiendo a los ciudadanos por vía telefónica «también tienen que soportar amenazas e insultos que a la larga suponen un gran desgaste para estos trabajadores y que se producen gracias al anonimato en el que se resguarda en agresor por la inexistencia de grabaciones disuasorias como las de los servicios de atención al cliente en las empresas privadas».
Del mismo modo, se informó que el protocolo que se implantará en Ciudad Real establece un compromiso para dar «respaldo y apoyo incondicional» al trabajador que engloba desde medidas preventivas ante las posibles secuelas de estrés postraumático tras una agresión hasta el ofrecimiento de asesoría jurídica. Además, el mismo recomienda que ante cualquier situación de violencia el personal debe proceder con calma, tratando de contener la situación sin responder a las agresiones o provocaciones verbales y pidiendo ayuda inmediata a los compañeros. En el caso de persistir la situación, insta a alertar a la policía y a los servicios de emergencia, si fuera necesario. Posteriormente, el responsable de unidad elaborará un informe sobre los hechos para trasladarlo a sus superiores.
También se contempla la notificación del incidente en un modelo de registro de atenciones, la denuncia a la autoridad competente, la asistencia letrada con cargo a la Administración y, en su caso, la remisión a la Fiscalía para que actúe conforme al artículo 550 del Código Penal que establece como delito las agresiones contra los funcionarios públicos.
crecen las agresiones. Este protocolo permitirá llevar a cabo un registro anual sistematizado de agresiones que actualmente no existe salvo en ámbitos específicos como el de los centros penitenciarios. Aun así, desde el sindicato CSI·F se indicó que los casos de violencia contra los funcionarios se han multiplicado «exponencialmente» desde el inicio de la crisis, lo que ha llevado a Empleo a «tomar conciencia» de esta «realidad silenciosa».
El pasado mes de abril, el Ministerio ya puso en marcha una póliza de seguros colectiva para los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) destinados en las oficinas de prestaciones, que garantizaba su defensa jurídica en situaciones de agresión verbal o física en su actividad diaria. Este protocolo, según CSI·F, es «un paso más» que espera se extienda al conjunto de la Administración General del Estado, así como a las comunidades autónomas y ayuntamientos.