El presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, y el presidente del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), Nicasio Peláez, firmaron en la jornada de ayer un convenio en virtud del cual la institución provincial aporta al RSU 3.500.000 euros para la financiación de gasto corriente. La Diputación está integrada en el Consorcio del RSU desde su creación, y en la actualidad continúa en el mismo junto con otras 95 entidades locales de la provincia de Ciudad Real, que abarcan una población aproximada de 400.00 habitantes.
Costes. El organismo provincial viene realizando con carácter anual una aportación económica para el sostenimiento del consorcio, ya que la prestación del servicio de recogida de residuos «es muy onerosa en una provincia como la de Ciudad Real, que es la tercera más extensa del país», según apuntan desde la Diputación Provincial.
Además, de las 95 localidades que están integradas en el RSU un total de 61 tienen menos de 2.000 habitantes, lo que pone de manifiesto la escasa capacidad económica y de gestión de la mayoría de los municipios adscritos al consorcio. Por otra parte, las localidades de más de 2.000 habitantes «no deben soportar el incremento del coste del servicio que implica su prestación a pequeñas poblaciones y a núcleos aislados», explican desde la institución provincial tras añadir que «de ser así, esta circunstancia, además de gravosa, sería discriminatoria para los usuarios del servicio que residieran en municipios mayores».
Reciclado. La Diputación de Ciudad Real apuesta «por políticas de protección del medio ambiente, tales como el reciclado de residuos». En este sentido, el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos viene implantando en la mayoría de los municipios sistemas de recogida selectiva de las distintas fracciones de residuos «por delante del resto de los territorios de Castilla-La Mancha», yendo más allá de lo que la legislación exige en la mayoría de municipios.
No obstante, si bien esta actuación repercute en beneficio del medio ambiente, supone un importante incremento de costes respecto a la gestión ordinaria de residuos.