A cuatro meses de que las Cortes echen el cierre por elecciones autonómicas, la Junta de Comunidades está acelerando el ritmo de presentación de proyectos de ley y revisiones normativas. Esta semana el Consejo de Gobierno ya ha remitido dos nuevos encargos al parlamento: la recuperación de la jornada de 35 horas para los empleados públicos y la tramitación del proyecto de Ley de Derechos de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha.

El objetivo del Gobierno regional es que las 35 horas sean una realidad a partir del día 1 de enero y a priori parece que esta vez sí saldrá adelante. No hay que perder de vista que ya se trató de recuperar este horario en 2016, pero la intentona fue tumbada por el entonces Gobierno de Rajoy vía recurso al Tribunal Constitucional.

En concreto, el Consejo de Gobierno lo que ha hecho es dar el visto bueno a la tramitación de la proposición de ley presentada hace unas semanas por el PSOE, con la que se pretende reformar la ley 1/2012 de medidas complementarias para la aplicación del plan de garantías de los servicios sociales de Cospedal, más conocido como el ‘plan de recortes’.

El segundo asunto remitido al parlamento autonómico es el proyecto de la nueva ley de consumo de Castilla-La Mancha, que recoge aspectos tan actuales como la pobreza energética y la vulnerabilidad, la obsolescencia programada o el empoderamiento financiero y digital. Problemáticas que a día de hoy no están incluidas en ninguna normativa autonómica.

Pobreza energética. Con todo, «el artículo más innovador de la norma, y que nos sitúa como la comunidad autónoma más avanzada en esta materia, es el artículo 86, que aborda la problemática de la pobreza energética y la vulnerabilidad económica», según apunta el portavoz de la Junta, Nacho Hernando.

Como ya se avanzó en su día por La Tribuna, este artículo establece que las empresas prestadoras de servicios deberán informar, en cualquier aviso o comunicación referente a la falta de pago de este servicio, de los derechos que afectan a la pobreza energética que tienen las personas consumidoras en situación de vulnerabilidad económica. Estas personas podrán presentar además un informe de los servicios sociales básicos en el que se acredite su situación de vulnerabilidad; un informe que las Administraciones públicas deberán emitir en un plazo máximo de 15 días a partir de su solicitud.

Y lo más novedoso de todo: las multas a las empresas distribuidoras por cortar el suministro de servicios básicos pueden alcanzar el millón de euros si no hay constancia de la «recepción previa por la persona consumidora de una notificación concediendo plazo suficiente para alegar el motivo que pueda esgrimirse como fundamento del corte, y en su caso, sin las previas autorizaciones administrativas o judiciales que pudieran proceder llegar a alcanzar el millón de euros».

Además, en este proyecto de ley plantea la promoción de la llamada ‘huella ecológica’ de los productos, «como herramienta para conocer la trazabilidad de los mismos, y el impulso a nuevos modelos económicos emergentes como los que tienen que ver con la economía colaborativa», según explica Hernando.

 También se prevén sanciones de hasta 100.000 euros para quienes introduzcan cláusulas abusivas o limitaciones o exigencias injustificadas al consumidor.

Por otro lado, esta nueva normativa incluye por primera vez un capítulo dedicado a las responsabilidades de las personas consumidoras. Por ejemplo, se insta a hacer un uso adecuado de las instalaciones y equipamientos en el uso y disfrute de los bienes y servicios, a evitar el desperdicio alimentario mediante el consumo responsable o a no obstaculizar los procesos de economía circular y de ecodiseño o innovación compartida.

Si no hay problemas en su tramitación parlamentaria, es más que probable que esta ley pueda debatirse -y aprobarse- en el pleno de las Cortes de cara al próximo mes de enero.

En cuanto a los proyectos pendientes de llegar al parlamento, destaca el retraso de las dos leyes ‘moradas’: la de la renta básica y la participación ciudadana, que deberían entrar en las Cortes lo antes posible para que dé tiempo a una tramitación que se vislumbra complicada.