Durante estos cuatro años la vida en el Convento de San Gil, sede del Parlamento regional, se ha caracterizado por una apuesta por la austeridad. Éste ha sido el principio básico de María Dolores Cospedal durante la legislatura y así lo ha impreso también en la llamada ‘casa de todos’. Comenzó sus cuatro años de Gobierno pisando fuerte, eliminando el sueldo de los parlamentarios que ahora solo cobran dietas y haciendo hábiles en las Cortes los periodos vacacionales de verano y Navidad.
Redujo también el número de escaños, pasando de 49 a 33 porque «dar ejemplo y recortar también a los políticos» ha sido siempre la idea de la presidenta de Castilla-La Mancha.
Pero todo ello ha venido de la mano de una frenética actividad parlamentaria. En esta octava legislatura se han aprobado 41 leyes y reformado en dos ocasiones el Reglamento de las Cortes regionales.
La primera Ley con la que Cospedal pasará a la historia de Castilla-La Mancha fue la Ley de supresión del Defensor del Pueblo regional. Posteriormente, le siguió la Ley de supresión del Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha. Sus primeros días en el Palacio de Fuensalida estuvieron dedicados a confeccionar una Administración más austera y racional y, para ello, había que suprimir instituciones y organismos que ya existían en el plano nacional y que, por tanto, podrían realizar la misma función. Dicho y hecho. Cospedal suprimió, gracias a su mayoría en las Cortes, el Defensor, el CES y, más tarde, la Sindicatura de Cuentas autonómica.
Hecho esta ‘limpia’ de instituciones duplicadas, la presidenta se centró en cuadrar las cuentas públicas e intentar salvar los malparados servicios públicos. En las Cortes se aprobaron, por tanto, suplementos de crédito para atender las obligaciones de las consejerías y la Ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos, el primer plan que el Ejecutivo puso en marcha en agosto de 2011.
Detrás vinieron leyes de apoyo a los docentes -un colectivo que siempre ha preocupado al Gobierno regional- o la creación del Colegio Oficial de Enología, un sector estratégico en la región y del que siempre se ha ocupado el Ejecutivo.
Hay hueco también para leyes de corte económico como la de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha, una ley que levantó revuelo en la comunidad autónoma al incrementar el número de tasas y precios públicos a pagar o la Ley de medidas para la dinamización y flexibilización de la actividad comercial y urbanística en Castilla-La Mancha, cuyo objeto es dinamizar la actividad comercial minorista y determinados servicios, mediante la flexibilización y simplificación de los procedimientos administrativos y urbanísticos.
Entre las últimas leyes aprobadas en el Parlamento regional destaca, por la polémica que se ha generado a su alrededor, la Ley de Caza de Castilla-La Mancha que mantiene en ‘guerra’ a cazadores y ecologistas y que, aún aprobada ya en sede parlamentaria, sigue ocupando hueco en los medios de comunicación.
Asimismo, se han reformado hasta en dos ocasiones el Reglamento de las Cortes. Una de ellas para suprimir el salario de los diputados, en aras a dar ejemplo a la ciudadanía que estaba sufriendo ajustes dada las maltrechas cuentas públicas que el Partido Popular se encontró cuando llegó al poder. La segunda reforma del Reglamento se llevó a cabo para habilitar como periodo ordinarios los meses de verano y enero que, tradicionalmente, no se trabajaba en las Cortes.
En el tintero han quedado, por ejemplo, la Ley de Transparencia y la Ley de Cámaras de Comercio e Industria, pendientes de qué ocurrirá tras el 24-M.