El tsunami provocado por la Operación Púnica continúa arrasando en los medios de comunicación y sacando los colores a los dos grandes partidos. Este macrojuicio se presume largo, larguísimo. Así, ayer, el juez de la Audiencia Nacional (AN)Eloy Velasco comenzó los interrogatorios con un auto demoledor:Las redes clientelares de tráfico de influencias desarticuladas se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos madrileños, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
Tras ocho horas de interrogatorios, dictó el ingreso en prisión eludible con fianza de 60.000 euros para el alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE); su jefe de gabinete, Antonio Borrego; y el regidor de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); y con una caución de 25.000 euros para Antonio Cándido Ruiz, empleado del supuesto conseguidor David Marjaliza -cuñado de Cubas-, que compró a principios de 2014 con el presunto cerebro de la trama y exnúmero tres de Aguirre, Francisco Granados, una parcela de un millón de euros en Marbella.
Después de tomar declaración a 12 de los 35 detenidos en la trama de amaño de contratos, el togado también dejó en libertad bajo fianza de 40.000 euros al alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, y al responsable de Obras Públicas de Parla, Avelino Pérez, que tendrá que depositar 20.000 euros. Además, dejó en libertad sin medidas cautelares a otras seis personas.
En el caso de Parla, el juez investiga los contratos que la empresa Cofely, filial del grupo multinacional francés GDF Suez, firmó con el Ayuntamiento. Según una noticia publicada en la web de la compañía que fue borrada tras la operación, el Consistorio adjudicó en julio de 2013 un contrato de servicios energéticos para diversas instalaciones por valor de 54,7 millones de euros por espacio de 15 años. Fraile recibiría a cambio «una donación» de la firma.
Se quedaron sin poder testificar durante la jornada el director general de Cofely, Didier Maurice; el director comercial de la compañía, Constantino Álvarez de la Cueva; y otros tres empleados de Marjaliza. Lo harán hoy junto a otros 12 arrestados. A ellos podría sumarse el guardia civil detenido el pasado miércoles por avisar a Granados de la operación.
Según informaron fuentes jurídicas, el juez Velasco preguntó a los imputados si éste influía o mediaba en la adjudicación de contratos públicos y si se llevaba a cambio un porcentaje de hasta el tres por ciento de cada uno. Llegó a inquirir por quién pagaba las comidas entre alcaldes y empresarios en la que supuestamente se cerraban las adjudicaciones.
Para el representante de la Justicia, los dirigentes políticos que ha llamado al banquillo «se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que, en realidad, no se han realizado o adjudicar trabajos sin contratos previos».
Mientras, la lluvia de informaciones de diversos medios arreciaba con mucha fuerza. Así, un rotativo publicaba las únicas palabras del exconsejero justo antes de entrar en los calabozos -«¿Una banda organizada? Pero si a la mitad de los detenidos ni los conozco»-, y otro reflejaba que éste, 54 días antes de ser arrestado, había registrado dos sociedades para la consultoría y asesoramiento de proyectos inmobiliarios con sede social en su casa y con su esposa como administrador solidario.