El tono empleado ayer tanto por Mariano Rajoy como por Soraya Sáenz de Santamaría desvelan que el Gobierno está empezando a cansarse de las triquiñuelas del presidente de la Generalitat. De hecho, el líder del PP anunció que ha dado un primer paso contra la consulta alternativa planeada para el 9-N en sustitución del referéndum porque no tiene «ninguna garantía democrática y porque quiere descargar sobre los ciudadanos la responsabilidad de una consulta aún mas antidemocrática», según dijo desde Bruselas. De momento, ha encargado a los servicios jurídicos del Estado que estudien todos y cada uno de los pasos dados por el barcelonés para decidir si alguno de ellos es recurrible ante el Constitucional.
Según recalcó el gallego, lo que pretende llevar a cabo el convergente «no tiene precedente en nuestro país y carece de garantías democráticas», ya que, argumentó, no hay un censo previo y son los «partidarios de una posición» los que «disponen de las papeletas, las cuentan y las custodian». Además, añadió, «descarga la responsabilidad en los ciudadanos a los que se niega a dar instrucciones por escrito».
Las declaraciones del popular se produjeron en una rueda de prensa celebrada a la conclusión del Consejo Europeo en el que se debatió sobre cómo hacer una UE más grande y fuerte en el mundo. Ante eso, señaló Rajoy, «no deja de tener su gracia que en algún lugar de Europa, haya algunos que intentan provocar un viaje hacia la Edad Media, no hay derecho y no se merecen eso los ciudadanos de Cataluña y del resto de España».
A su juicio, «Mas pretende sustituir un procedimiento ilegal por otro más antidemocrático todavía y para eludir la responsabilidad, se descarga en funcionarios y ciudadanos». Ante eso, aseguró que el Gobierno defenderá los derechos de todos esas personas por lo que, dijo, si los servicios jurídicos del Estado determinan que «hay la más mínima vulneración de la ley, acudiremos a los tribunales e incluso volveremos a invocar al Constitucional». En unos días estarán listos esos informes.
Rajoy volvió a recordar, una vez más, que el que quiera que solo unos pocos decidan por todos los españoles tiene que reformar la Constitución; mientras tanto, indicó, lo que sea España lo deciden «el conjunto de los españoles». «Eso es la soberanía nacional».
CONSEJO DE MINISTROS. El hartazgo del Ejecutivo se dejó ver también en la comparecencia de Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que no escatimó críticas hacia el comportamiento del president. Del mismo modo que su jefe, acusó al número uno del CDC de «descargar» en ciudadanos particulares de Cataluña, como alcaldes y directores de institutos y otros funcionarios, dijo, «responsabilidades y obligaciones que no parece él mismo dispuesto a asumir mediante otro tipo de fórmulas por escrito».
La pucelana mostró aun más si cabe su enfado al ser preguntada por la movilización de voluntarios de cara al 9-N: «Imagínese que un partido que está en el Gobierno hace unas elecciones sin convocarlas, y sin censo pone las mesas, las urnas y decide que en esas mesas van a estar los voluntarios afines a esa formación. ¿Cómo calificaría ese proceso electoral?», preguntó a modo de conclusión.
Mientras, Mas prosiguió con su estrategia y afirmó que el proceso participativo del 9-N no puede ser impugnado por el Gobierno central y suspendido por el Constitucional porque, a diferencia de la consulta inicial, ahora la votación no se deriva de un decreto ni de ningún otro texto. «Mi determinación es total. El 9-N es el Día-D de la democracia. Si lo pasas, es un paso grande hacia la victoria».
Así, el Govern emprenderá hoy la campaña «puramente informativa» del proceso de participación de este referéndum light.