La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha se reunió este miércoles en la sede de la DO Mancha en Alcázar de San Juan, en una sectorial del Vino donde se debatieron los principales problemas que afectan al sector vitivinícola de la región y las posibles propuestas que desde el sector se plantean. En esta reunión donde  participaron viticultores, cooperativistas y productores se debatió sobre el problema de ventas que tienen algunas bodegas y la ralentización del mercado, en muchos casos motivada por la campaña de este año. El secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, aseguró que se necesitan herramientas a corto, medio y largo plazo que sirvan para «evitar fluctuaciones en el sector» como la planificación dentro de una interprofesional de Castilla-La Mancha y que, según él, «debe de ser complementaria a la estatal, sin interferir con la nacional, centrada en cuestiones de control de la producción y que aborde el futuro que queremos en la región para el sector». El responsable de la organización agraria se refirió, asimismo, a la necesidad de disponer de una ley de vino en la región, un sistema normativo con un sistema sancionador, porque «necesitamos herramientas de planificación que sean efectivas». En este sentido, desde UPA se planteó el establecimiento de limitación de rendimientos, así como medidas que actúen en el mercado como el almacenamiento obligatorio y así evitar las fluctuaciones de mercado. Por su parte, Alejandro García-Gasco Alcalde, responsable de Vino de UPA, explicó que se están planificando medidas concretas para paliar «la situación que vivimos ahora porque el mercado está atascado, poca venta, y si hay operaciones están a la baja», por lo que desde UPA van a trasladar esta preocupación hoy al Ministerio y en breve a la Consejería de Agricultura, «con medidas concretas y útiles para el progreso y futuro del sector». García-Gasco recordó que las altas producciones «nos abocan a la situación que estamos viviendo y no valen producciones de 40/50.000 kilos por hectárea con calidad dudosa», por lo que las cooperativas necesitan herramientas para que «estas elevadas producciones vayan a otro tipo de consumos y evitar la situación que tenemos en la actualidad». Otro de los aspectos que se abordaron fue la necesaria colaboración con la AICA para el cumplimiento de contratos, el cumplimiento con la ley de la cadena alimentaria, entre otros parámetros importantes para la estabilización y futuro del viticultor profesional de la región..