La investigación judicial sobre las adjudicaciones de las obras del coso polivalente municipal de Puertollano siguen adelante y el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la ciudad industrial, José Luis Sáenz de Tejada Vallejo, les imputa nuevos delitos a los dos funcionarios ya imputados previamente por presunta prevaricación administrativa, el secretario accidental del Ayuntamiento, Juan Luis Vázquez Calvo, y el arquitecto técnico municipal Eugenio Ángel Manso, y además ha citado a declarar en calidad de imputados a la arquitecta del proyecto, María Luisa Calvo del Valle, y al aparejador, Fernando Sánchez Mora. La situación procesal del anterior alcalde, Joaquín Hermoso Murillo, no ha variado y sigue imputado por prevaricación administrativa.
El juez imputa al secretario accidental del Consistorio un presunto delito de falsedad documental y un delito contra la administración de justicia. Por su parte, al arquitecto técnico municipal le imputa un presunto delito de falsedad de documento oficial incorporado a un procedimiento para la adjudicación de obra, usurpación de identidad, tráfico de influencias, cohecho, tráfico de información privilegiada y delito contra la administración de justicia. Ambos funcionarios deberán declarar en sede judicial el 5 de noviembre, a las 10.00 horas.
Por su parte, la arquitecta Calvo del Valle ha sido llamada a declarar, también el 5 de noviembre a las 10.00 horas, en calidad de imputada por un presunto delito de cohecho y contra la administración de justicia. Y al aparejador Sánchez Mora se le imputa un presunto delito de tráfico de influencias y un delito contra la administración de justicia a cuyo efecto deberá comparecer ante el juez también el próximo 5 de noviembre, a las 10.00 horas.
AUTO JUDICIAL. En su auto, fechado a 25 de octubre y al que ha tenido acceso La Tribuna, el juez señala que testigos de este caso han manifestado «que nunca se les pidió que realizara la oferta del Ayuntamiento; que la oferta que consta realizada en su nombre al Ayuntamiento no la realizaron ellos, y que la firma que aparece en la oferta supuestamente realizada por ellos no es suya». Asimismo, otro de los testigoos declaró que el aparejador municipal «se puso en contacto con él y le dijo que estaba abierto el presente procedimiento y que manifestara que la oferta que constaba en el expediente a su nombre dijera que la había realizado él».
El magistrado también recoge que en las testificales practicadas en juicio ordinario se puso de manifiesto que los dos aparejadores imputados «tenían una estrecha relación» que hace suponer «que existan indicios más que racionales para pensar que el imputado Eugenio Ángel Manso mintió en su relación con Fernando Sánchez Mora y María Luisa Calvo del Valle, presentando otras ofertas cuya falsedad han señalado los propios ofererentes».
Asimismo, el magistrado señala en su auto que «no es razonable pensar que un aparejador municipal presente ofertas falsas y firme usurpando la identidad de terceras personas, después de haber fraccionado un contrato administrativo, cuyo fraccionamiento es más que dudoso y ha dado lugar a este procedimiento, para favorecer a una persona concreta y determinada (la arquitecta), que él mismo reconoce amiga de un amigo, a cambio de absolutamente nada». Y añade que «sería irracional pensar que un trabajador municipal no solamente se juegue su puesto de trabajo sino que además presuntamente lleve a cabo los más graves ilícitos penales atribuidos a un funcionario público, para atribuir contratos públicos a una persona sin que exista una causa subyacente».
Con todo ello, el magistrado pide una «averiguación patrimonial de todos los bienes y derechos» de este imptuado y que el Ayuntamiento «certifique desde cuando lleva prestando servicios, así como la totalidad de cantidades que haya podido percibirdurante el tiempo en que ha prestado sus servicios».