El Gobierno impugnará la consulta alternativa del 9 de noviembre argumentando que la Generalitat mantiene la pregunta acerca de si se quiere que Cataluña sea un Estado y que se ha implicado a la Administración con instrucciones a los funcionarios o a los Mossos, aunque no figuren en ninguna orden oficial, según informaron ayer fuentes gubernamentales.
El Ejecutivo está a la espera del informe urgente del Consejo de Estado para ver cuál es la vía jurídica que se utiliza para recurrir el «proceso de participación ciudadana» que se inventó Artur Mas después de que el Tribunal Constitucional invalidara el referéndum original. En principio, la Comisión Permanente de este órgano, que preside el exlíder de las Cortes Landelino Lavilla, aprobará hoy ese dictamen que no es vinculante y que puede ser favorable o no al recurso. Si todo marcha según lo previsto, este documento será remitido de inmediato al Gobierno, por lo que el Consejo de Ministros podría decidir el recurso en su reunión de mañana.
El Ejecutivo ha seguido muy atento los pasos que ha dado estas semanas la Generalitat con diversas instrucciones a funcionarios o Mossos, la difusión de vídeos animando a participar el 9-N o, incluso, la creación de un registro de votantes. De ahí, que uno de los ejes sobre los que pivotará el recurso será la utilización del personal y de las herramientas de la Administración Pública de cara a la organización de la pseudoconsulta de Mas.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya dejó entrever esta semana esa línea, al asegurar que la Abogacía General del Estado se encontraba estudiando «las instrucciones que se emiten a los centros escolares y a los funcionarios», para ver si tienen «fuerza probatoria suficiente» para incorporarlas a un expediente de impugnación.
Además, según el Gabinete, se habla de «proceso participativo» pero en realidad se quiere hacer un referéndum ilegal en el que se mantiene la doble pregunta acordada el pasado mes de diciembre por CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP: «¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?», y en caso afirmativo, «¿Quiere que este Estado sea independiente: sí o no?». El propio Consejo de Estado ya dejó claro en su anterior dictamen que la Generalitat no puede utilizar los artículos de la Ley de Consultas relativos a encuestas y procesos de participación ciudadana para «otro tipo de cosas».
De esta manera, el Gabinete del PP considera que «puede haber un cierto fraude de ley», en el sentido de que «se pretende conseguir un resultado prohibido mediante un camino alternativo», en palabras del titular de la cartera de Justicia.
Sentido común. Antes de que se conociera la decisión del Gobierno, el presidente de la Generalitat utilizó la sesión de control a su Ejecutivo para emplazar varias veces al Estado a permitir el 9-N: «Espero un poco de sentido común y criterio, y que se deje hacer a Cataluña este proceso participativo». En la misma línea, advirtió de que se pueden recurrir leyes y decretos, pero no «intenciones», porque no hay ninguna acta administrativa firmada por el Govern relativa a la nueva consulta.
Por otro lado, Mas invitó al PSC en el pleno del Parlament a sumarse al proceso participativo, algo que rechazó su primer secretario, Miquel Iceta, mediante un gesto desde su escaño. Posteriormente, el socialista explicó que no se siente llamado a participar en el 9-N porque no comparten «la pregunta que se hace», al tiempo que tendió la mano al diálogo.