La guerra judicial contra el procés continúa. El Constitucional (TC) decidió ayer, por unanimidad, admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la moción del 5 de julio del Parlamento catalán. En ella se ratificaban los objetivos políticos de la resolución del referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2015 para culminar el proceso separatista. 

Esta decisión conlleva la suspensión de la práctica totalidad del contenido de la Moción 5/XII, que destaca la «firme voluntad de llevar a cabo las actuaciones necesarias previstas y aprobadas» por la Cámara regional, que intenta «alcanzar y culminar democráticamente la independencia de Cataluña» sin subordinación al resto de instituciones españolas, entre ellas el TC. 

En la providencia no se contemplan ni advertencias, ni reclamaciones personales sobre posibles responsabilidades penales en caso de incumplimiento, ya que el Ejecutivo, a diferencia de lo que hacía Rajoy, no lo pidió en el recurso. 

Los artículos del 1 al 5 de la moción quedan suspendidos durante al menos cinco meses -prorrogables- mientras el tribunal de garantías resuelve sobre el fondo al aplicarse artículo 161.2 de la Constitución, que prevé la adopción de esta medida de forma automática una vez se comienzan a tramitar recursos de inconstitucionalidad.  

Uno de los preceptos tumbados reitera los objetivos políticos plasmados en la resolución del referéndum del 9 de noviembre de 2015 -suspendida también por el TC- que marcaba el «inicio del procés» como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015, «legitimados por la consulta del 1 de octubre y las elecciones del 21 de diciembre de 2017». 

La reacción del president Torra fue furibunda, considerándola una «muy mala noticia», al tiempo que aseguró que espera ver si el nuevo Gobierno ofrece un escenario distinto al que había con el PP: «Iremos tomando nota de todo».