La Fiscalía de Ciudad Real informa del incumplimiento de las sentencias y otras resoluciones judiciales en materia urbanística en la memoria anual que acaba de presentar el fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, coincidiendo con la apertura del año judicial.

La hasta ahora fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo, Isabel Gómez, alude en el informe estadístico anual correspondiente a 2014 a los supuestos de urbanizaciones ilegales en Ciudad Real, señalando que «no faltan».

De hecho, en el entorno del embalse del Vicario hay una veintena de viviendas (casi todas segundas residencias) levantadas sin autorización contra las que la Justicia emitió en su día una orden de derribo, según dice el Ayuntamiento de Ciudad Real a través de su Concejalía de Urbanismo. Las viviendas siguen en pie y el Consistorio está tratando de buscar una solución, según ha asegurado a este diario el concejal del área, Alberto Lillo, tras dejar claro que acatan la resoluciones judiciales dictadas durante la legislatura del anterior equipo municipal de Gobierno, que «ha hecho la vista gorda».

A su juicio, ha habido «dejación municipal» y «nos hemos encontrados con sentencias y autos judiciales» que ordenan el derribo de 19 viviendas algunas en el polígono 205 de la zona del Vicario, en el paraje conocido como La Pedregosa, que se levantaron en suelo no urbanizable y sin licencia municipal.

«Desde que Pilar Zamora tomó posesión como alcaldesa de Ciudad Real hemos estado buscando soluciones con los vecinos, los abogados y en primer lugar con el juzgado para ver qué posibilidades hay», indica Alberto Lillo, quien explica que les han dicho que el Ayuntamiento es responsable subsidiario, «se tiene que subrogar si el juzgado ordena el derribo y el dueño no lo lleva a efecto sea cual sea el motivo».

Práctica habitual. Precisamente, un año más, la Fiscalía de Ciudad Real hace referencia a los «numerosos procedimientos seguidos en relación con la edificación sin licencia alguna» de segundas residencias en los polígonos 205 y 208 de la capital.

En el informe anual se indica que la práctica habitual es desobedecer la orden, es decir, no proceder a la demolición de forma voluntaria. Es entonces cuando se requiere a la administración municipal en vía subsidiaria para llevar a cabo la medida a costa del sentenciado, pero tanto el Ayuntamiento de Ciudad Real como la Diputación Provincial han comunicado al Juzgado de lo Penal encargado de la ejecución la carencia de medios para poder asumir esta obligación.

Según la Fiscalía, el modus operandi del autor o autores de la infracción consiste en llevar a cabo «reparcelaciones encubiertas para, más tarde, construir en esos terrenos edificaciones destinadas a segunda residencia para las que carecen de licencia, generando una situación de indisciplina generalizada y auténticas urbanizaciones ilegales en dichos polígonos»,  terrenos catalogados por el Plan de Ordenación Urbana como suelo rústico de especial protección agropecuaria.

Los números. No obstante, la incidencia de este tipo de delitos en la provincia de Ciudad Real, al igual que en el resto de la región, continúa siendo relativamente pequeña y en su mayoría son procedimientos incoados por construcciones aisladas destinadas a segundas viviendas y promovidas por particulares que no son profesionales de la construcción y que las ejecutan «sin licencia, en parajes con un valor paisajístico y ecológico reconocido, y, en todo caso, en suelo no urbanizable».

Ciudad Real se sitúa a la cabeza de la región respecto al número de diligencias de investigación incoadas por la fiscalías provinciales de Castilla-La Mancha con cinco de los 13 procedimientos abiertos el año pasado (tres en Albacete, otros tantos en Guadalajara, uno en Toledo y otro en Cuenca) por delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo.

Sin embargo, Albacete tiene el dudoso honor de liderar el número de delitos incoados por los juzgados de la región al anotar 16 de los 25 tramitados. En Ciudad Real la cifra es igual que los incoados por la Fiscalía: cinco, si bien fueron cuatro los escritos de acusación formulados a lo largo del año pasado por delitos de urbanismo.

Las sentencias dictadas en Castilla-La Mancha fueron seis, cinco en Albacete y una en Ciudad Real, según se recoge en el informe anual de la Fiscalía.