Quienes le conocen aseguran que es un profesional honesto, comprometido con la defensa de los intereses de su cliente, buen compañero y de los que, como dice el dicho, prefiere un mal acuerdo a un buen pleito. Ejerció la abogacía durante 36 años, en los que estima que ganó dos de cada tres asuntos que llevó, y en los que, además de experiencia procesal, ha aprendido de jueces y clientes a relativizar actitudes y comportamientos y a no juzgar para no ser juzgado. Se jubiló hace tres años y confiesa que, entre la música, la lectura, la historia, los viajes y los toros, no tiene tiempo para aburrirse.
Fernando Seco Gil nació en Almodóvar del Campo en 24 de Mayo de 1947, en la casa de la calle General Mola (hoy, Rodero) número 1, donde entonces vivían sus padres. Estudió en el colegio de los Carmelitas, en Almodóvar y luego estuvo un par de años interno en los Escolapios de Madrid y después en el Fray Luis de León, también en la capital de España. El modo en que el hijo de un médico no siguiera los pasos de su padre y optara por la abogacía no deja de ser, como el mismo dice, «curioso», ya que «yo quería estudiar Medicina, cosa que él no aprobaba porque entonces se ejercía de otra manera y era muy sacrificado. Mi hermano estudiaba Medicina y con uno más en la familia ya era suficiente». Por ello, cree que con toda intención, «me llevó a un juicio que se celebró en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, por aquel entonces presidida por don Antonio Hernández, donde se juzgaba a unos policías locales que habían pegado a un detenido en los calabozos. Aquel juicio me gustó y me decanté por el Derecho».
Cursó la carrera en la Complutense y presume con indisimulado orgullo de haber sido discípulo de Joaquín Ruiz-Giménez, Gregorio Peces-Barba, Federico de Castro, Antón Oneca, Antonio Hernández Gil, Eduardo García de Enterría, Antonio Garrigues Walker o Jaime Guasp, «auténticos pesos pesados del mundo del Derecho», recalca.
Con la licenciatura bajo el brazo estuvo un año preparando oposiciones a registrador, pero reconoce que «aquello no era lo mío, tampoco lo de ser juez o fiscal; a mí lo que me gustaba era lo de los juicios». Así es que, extinguida la vena opositora, «entré en un despacho de Madrid, debió ser en el otoño de 1972. Allí aprendí mucho, allí hice mis primeras armas y tuve lo que se puede llamar mis primeros clientes, aunque eran realmente del despacho».
Sin embargo, dos años después, lo de prepararse para registrador iba a serle de utilidad: «yo quería marcharme de Madrid, pero no quise hacerlo por las buenas». Gracias a un curso de especialización que había hecho en Derecho Agrario y también en parte al año de preparación de las oposiciones, «me hice con una plaza de Letrado del extinto Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA). Mi primer destino fue Gerona, ciudad de la que guardo los mejores recuerdos y donde conocí a la que es mi mujer; allí estuve hasta el verano de 1975, en que conseguí el traslado a Ciudad Real. De modo que, tras de un periodo de asentamiento, abrí despacho en Puertollano en el año 1976».
pleito contra lagunero. No recuerda su primer caso ni su primer cliente. Se estrenó en la profesión como la mayoría de compañeros, es decir, que «salvo que entres en un despacho colectivo o consolidado, todos empezamos igual, asesorando a algún amigo y redactando algún contrato de arrendamiento o de compraventa, muchas veces a beneficio de inventario». Lo que si tiene muy presente es el primer caso serio que tuvo entre manos. Le llegó en 1977, un contencioso que «me encomendaron dos hermanas que eran propietarias de una finca en término de Brazatortas y que tenían un conflicto con el dueño de la finca colindante, Teodulfo Lagunero, que fue uno de los artífices de la venida a España de Santiago Carrillo y de la subsiguiente legalización del Partido Comunista».
Fernando Seco Gil colgó la toga en diciembre de 2012 después de 36 años de ejercicio en los que, a pesar de que «cada abogado se especializa en lo que los clientes le encomiendan» se dedicó principalmente al Derecho Civil y al Administrativo. Su despacho estaba en Puertollano pero intervino en pleitos en Albacete, Madrid, Málaga, Córdoba, Barcelona, Cáceres, Gerona, Ávila, etc. y «allí donde un cliente me encargara la intervención en un asunto, tanto en Juzgado de Paz, como de Primera Instancia e Instrucción, de lo Social o de lo Contencioso-Administrativo; audiencias provinciales y territoriales (hoy tribunales superiores de Justicia), tribunales eclesiásticos, Tribunal de Cuentas, hasta el Supremo».
A pesar de que ha citado casi todas las instancias de la Administración de Justicia, dice no ser de los que pelea hasta el final, a diferencia de «un compañero muy conocido, y a quien aprecio de verdad, que siempre sostuvo que el abogado que no recurre hasta el final es un mal abogado. Pero entiendo que dependerá de las circunstancias del caso concreto, porque meter al cliente en una sucesión de recursos puede ser un buen ejercicio profesional pero desastroso para el cliente si no se ven posibilidades de ganar; creo que hay que sopesar las probabilidades y, con el cliente, decidir lo más conveniente, sin perder de vista que, en ocasiones, la estrategia puede ser no tanto ganar el pleito como dilatar su solución».
De tantos pleitos como ha llevado recuerda algunos que, pasados los años, le parecen más relevantes que el resto. Uno de ellos «consistió en una querella criminal contra una empresa promotora por el delito que se llamaba maquinaciones para alterar el precio de las cosas: como consecuencia de una época de crisis, el precio legal máximo de unos pisos de protección oficial resultó superado por las hipotecas que gravaban tales pisos»; de hecho, confiesa que su intención era implicar también a la entidad bancaria desde el punto de vista criminal, opción de la que finalmente «desistí tras consultar el tema con Paco Granados, a quien siempre admiré como penalista». Otro de los litigios tenía relación con el contencioso existente entre los Ayuntamientos de Almodóvar del Campo y de Puertollano acerca de la correcta delimitación de ambos términos municipales.
Pero el más mediático en el que intervino fue el llamado 'caso del lino' instruido por Baltasar Garzón que «tomaba declaración en su enorme despacho, sin transcribir, lo grababa en cassette». Y uno de los que está más orgulloso por su dificultad fue el relacionado con el cobro por una entidad bancaria de la hipoteca que gravaba un piso adquirido libre de cargas por unos compradores, que habían pagado al promotor la totalidad del precio; «hubimos de llegar hasta el Tribunal Supremo, pero conseguimos la primera sentencia respecto de la interpretación de una frase de la Ley Hipotecaria, interpretación que venía condicionada por la existencia de una simple coma».
con la venia. Del mismo modo, no le cuesta recordar algunas anécdotas graciosas vividas en la sala de vistas, como los prolegómenos de un abogado de Alcázar, ya fallecido. «En los juicios penales siempre iniciaba su alegato cantando las excelencias del fiscal, manifestando su admiración profunda, para seguir luego: '. . . pero ello no es óbice ni cortapisa. . .', exponiendo a continuación su enfoque de la cuestión».
También «hubo un registrador de la propiedad en Almodóvar que contaba, cargado de razón, que no entendía por qué los jueces se molestaban con él cuando les decía que su misión no era hacer justicia, sino aplicar la ley».
Las salas de vista son una fuente inagotable de anécdotas, reconoce para, a renglón seguido, comentar entre risas «cuantas veces he recordado con un juez que pasó por Puertollano el hecho de que cuanto tenía una actuación en que intervenía un concreto agente de la Guardia Civil, éste, quizás acostumbrado al ambiente cuasimilitar del Instituto Armado, no le llamaba 'señor juez' como hubiera sido lógico, sino 'mi señoría'».
La experiencia acumulada en todos estos años hace que Fernando Seco pueda valorar con pleno conocimiento de causa la evolución de la administración de Justicia, la cual, a su juicio, no ha ido a mejor porque «la masificación, que algunos llamarían democratización de la justicia, ha hecho que el ejercicio profesional en sí y todo el entramado de la administración de justicia hayan resultado cada vez más complejos y se ha producido un progresivo alejamiento del justiciable en aras de una rapidez y eficacia que no se han conseguido».
Seco Gil tiene a gala no haber dicho nunca a un cliente que su asunto estuviera ganado antes del juicio, porque la última palabra la tiene el juez. «Recuerdo aquel dicho: para ganar un asunto, hacen falta tres cosas: llevar razón, demostrarlo y que te la den; y por supuesto este último es el requisito más importante. De manera que en los últimos tiempos, cada vez más, da la sensación de que los intereses de las personas se encontrarían sometidos a una especie de 'justicia virtual': poco menos que se meten los datos en un ordenador y la máquina dice a quien da la razón», lamenta.
Esta crítica a la masificación la hace también extensiva a sus señorías. Y es que «para solucionar más pleitos -señala- hacen falta más jueces y, por ley de vida, al haber más jueces el nivel promedio baja, aun cuando obviamente antes y ahora existían y existen jueces buenos, malos y regulares».
De cualquier forma, «siempre he pensado que, con independencia de su formación teórica, la principal condición para ser un buen juez ha de ser el sentido común». Aún así, no duda en expresar su admiración por jueces como Carlos Cezón, Ángel Rubio y José María Torres y por fiscales como el ya fallecido Rafael Rojo y Paco Moreno, fiscal jefe de Ciudad Real, después en la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado y ahora en el Supremo.
Lenta y burocrática. Por encima de estos nombres, la Justicia «para mi gusto es demasiado lenta y burocratizada» y, desde su punto de vista, «la introducción de las nuevas tecnologías y de la oficina virtual no ha resuelto el problema, al menos por el momento, máxime teniendo en cuenta que los programas que usa la administración dejan mucho que desear». Ahondando en el aspecto de las carencias, el experimentado abogado opina que hace falta que el legislador, «sea del partido que sea, atienda más a los problemas de fondo de la sociedad y se guíe menos por intereses inmediatos, incluso electoralistas, de tendencias y modas y de lo que se denomina 'políticamente correcto o incorrecto': las reformas fundamentales habrían de encaminarse a acercar la justicia al justiciable, a hacerla más rápida, pero no por ello menos segura y, sobre todo, a inculcar el sentido común en todos los que participan, de una u otra forma, en la administración de justicia».
A este respecto, no le preocupa expresar una opinión políticamente incorrecta y entiende que la Ley de Tasas no ha hecho tanto daño como se dice porque «hace tiempo que ya existían las tasas judiciales, si bien su pago no era previo al acceso a los tribunales; y nadie se rasgaba las vestiduras por ello. Además, téngase en cuenta que la tasa es una percepción por el uso de un servicio público, con lo que parece razonable que quien lo utilice contribuya a su sostenimiento».
En los años 90, Fernando Seco perteneció a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Ciudad Real bajo las presidencias de Federico Castejón y José Luis López de Sancho y durante 20 años formó parte de la Comisión de Honorarios. Estaba en la junta que inauguró la sede actual del colegio en el pasaje de la Merced y hace unas semanas se colocó la primera piedra de las futuras instalaciones, «una nueva sede precisa y más acorde con las necesidades de la entidad, que ya no se ven satisfechas con la actual», afirma.
En todos los años de ejercicio profesional, Seco Gil sólo ha renunciado a algún caso de abusos a menores y asuntos por incompatibilidad personal con el cliente.
Los abogados son como los curas ¿usted guarda mucho secretos de confesión? "Unos cuantos, que obviamente no voy a desvelar", asegura esbozando una sonrisa.