España cerró 2014 con un déficit público de 60.537 millones de euros, lo que supone el 5,7% del Producto Inteiror Bruto (PIB) y dos décimas por encima del objetivo que el Gobierno había asumido (5,5%), según avanzó ayer la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

Santamaría recordó que el Gabinete pactó primero con Bruselas un déficit del 5,8%, aunque decidió ser «más exigente» y se comprometió a bajarlo al 5,5%.

«Se logra el objetivo de déficit público. Se podía haber cumplido mejor porque hemos tenido una cuestión coyuntural, extraordinaria y única como es el pago del céntimo sanitario», aseguró la número dos del Ejecutivo

Sáenz de Santamaría explicó que el Gobierno ha desembolsado 1.699 millones de euros como compensación del céntimo sanitario. Sin estos pagos a los transportistas que pagaron la tasa sobre los combustibles que Bruselas consideró ilegal el año pasado, el desfase presupuestario hubiera quedado en el 5,57% del PIB, según precisó la mandataria.

En 2013 el déficit público ascendió al 6,33%, con un objetivo del 6,5%. Por lo que la reducción conseguida el año pasado supone un recorte de los números rojos de las administraciones de unas 63 décimas, equivalente a algo más de 6.500 millones de euros.

La desviación presupuestaria del año pasado hay que achacarl a las comunidades autónomas que son las que más han incumplido con sus obligaciones presupuestarias. Registraron una desviación del 1,66% del PIB, frente al objetivo del 1% que tenía para el cierre de 2014. Este dato empeora incluso los números rojos que las regiones registraron en 2013, cuando cerraron con una desfase del 1,52%.

Numerosas voces sostienen que esas metas son muy exigentes debidos a la estructura de gastos de las autonomías que deben financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales, capítulos donde resulta muy difícil ajustar. Y a que los Gobiernos regionales apenas tienen capacidad tributaria para subir impuestos.

 

REGIONES QUE CUMPLEN.  Solo cuatro autonomías han cumplido el objetivo exigido: Navarra (0,68%), Canarias (0,91%), País Vasco (1%) y Galicia (1,02%). El resto, 14 autonomías, han incumplido. Aunque Castilla y León (1,11%) y Andalucía (1,16%) se quedaron cerca de la meta. Ocho de ellas incluso han empeorado sus datos respecto al ejercicio precedente: Extremadura (2,44%), Cataluña (2,58%), La Rioja (1,21%), Comunidad Valenciana (2,39%), Madrid (1,34%), Cantabria (1,46%), Baleares (1,71%) y Asturias (1,30%).

«España está realizando la política presupuestaria que hace que hoy estemos liderando el crecimiento y la creación de empleo en la zona euro. Estamos mostrando que en el país es el estado de las autonomías es gobernable, en términos de coordinación de sus políticas presupuestarias», señaló el responsable de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El ministro recordó cómo «a comienzos de legislatura había quienes sostenían que el país no era gobernable por el estado deficitario de las comunidades ». Y había quien remarcaba que había que cerrarlas. «Eso no es así y lo hemos demostrado», insistió el político. «El total suma y eso es lo que hace creíble a un país», remarcó.

Para restar importancia a la desviación de las comunidades, el responsable de Hacienda explicó que «no es relajando objetivos ni flexibilizando condiciones presupuestarias como se alcanza la recuperación económica y la creación de empleo».

El popular admitió que la regiones tenían un objetivo de déficit «exigente», pese a que contaban con menos ingresos que en 2013. Sin embargo, según él, la situación mejorará en 2015 por un aumento de los recursos gracias a la recuperación económica y a un descenso de los costes de financiación por la facilidad financiera aprobada por el Gobierno. 

Por su parte, los ayuntamientos son que más saneados tienen sus cuentas. Registraron un superávit del 0,53 del PIB, frente al 0,52 del año anterior. Mientras, la Seguridad Social registró a finales del año pasado un déficit del 1,06%, cinco décimas menos que en 2013. Y se ajusta al objetivo en el 1%.

 

Otros acuerdos. Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley General Tributaria, cuya principal novedad es la publicación de la lista de morosos, con deudas superiores al millón de euros, y otra con aquellos defraudadores que hayan sido condenados por delito fiscal. Ambos listados saldrán a la luz en la segunda mitad del año, una vez que entre en vigor la Ley General Tributaria.

Montoro destacó que la difusión de las mismas contribuirá a afianzar la lucha contra el fraude y a «concienciar a los ciudadanos». 

La actual ley General Tributaria establece la confidencialidad sobre los procedimientos de Hacienda, por lo que debe ser modificada para hacer posible la publicación de los nombres de morosos. 

Asimismo, Sáenz de Santamaría anunció que España participará en la fundación del Banco Asiático de Inversión (BAII), impulsado por el Gobierno chino, que tendrá un capital autorizado de 100.000 millones de dólares (91.952,34 millones de euros), según la popular.

El objetivo del BAII es promover el desarrollo sostenible en Asia, concentrándose en la financiación de energía, transporte y telecomunicaciones, así como en la inversión de proyectos y rurales y medioambientales.