El presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, Czeslaw Adam Siekierki, considera que el Gobierno regional actuó de forma «adecuada» no aplicando la Orden de Ayudas a la Agricultura Ecológica aprobada en el tramo final de la legislatura de Cospedal (marzo de 2015) puesto que el reparto final de ayudas se hizo teniendo en cuenta las disposiciones definitivas del Programa de Desarrollo Rural, aprobado en octubre de 2015 puesto que es el «único documento legal y válido».

El posicionamiento de Siekierki aparece reflejado en una carta remitida a la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Cecilia Wikström, en la que concluye que el Comité de Agricultura y Desarrollo Rural que preside considera que la queja elevada en 2016 por Jorge Rodríguez, en nombre de la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, no «está justificas» y que, por tanto, «no se debe tomar ninguna medida al respecto».

En su escrito a la presidenta de la Comisión de Peticiones, Siekierki desarma una a una las argumentaciones que basan la queja. El representante de Unión de Uniones de Castilla-La Mancha alegaba que  la reducción de las ayudas «variaron entre 29% y 67% y socavó la sostenibilidad de varios cultivos ecológicos, haciendo económicamente imposible continuar esas explotaciones». Además, según el peticionario, la Consejería tomó esa decisión «con efecto retroactivo», es decir, después de que los agricultores afectados hubieran realizado las solicitudes de ayuda». Asimismo, la queja elevada al Parlamento Europeo subrayaba que los cambios de las bases regulatorias «también afectaron los criterios de selección, eliminando así la ayuda para 2.000 agricultores ecológicos. A su entender, por tanto, «la eliminación de la ayuda y los recortes para el resto del sector eventualmente forzaron a esos agricultores, por razones económicas, a convertir sus explotaciones a la agricultura convencional, perdiendo así 10 años de esfuerzo e inversión pública y privada».

El presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo no está de acuerdo. En su explicación Siekierki recuerda que la Orden de marzo de 2015 contenía una «cláusula de suspensión», que condicionaba la concesión de la ayuda a la aprobación definitiva del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. «Este hecho, como afirma la Comisión, debería haber alertado a los posibles beneficiarios del hecho de que los importes mencionados en el PDR no eran definitivos», explica  Siekierki, que recuerda que la Orden de marzo de 2015 que estableció «ciertas bases reglamentarias» supuso que la Consejería de Agricultura actuó «de conformidad con su propia responsabilidad»